Un informe muy revelador de la asociación por los derechos humanos Saveguard Defenders en Asia revela que China tiene hasta 54 comisarías ilegales por todo el mundo, entre las cuales destacan las 9 que hay en España, el país, junto con Serbia, donde se concentran más. De estas, hasta 3 están en Barcelona, mientras que el resto se reparten entre Madrid (3), Valencia (2) y una última en Santiago de Compostela. Estas 110 comisarías repartidas por todo el planeta, desde Irlanda a Tanzania, son el sistema que ha establecido el régimen de Xi Jinping para controlar la disidencia fuera de sus fronteras, una de sus principales preocupaciones tal como quedó reflejado en el último comité del partido comunista chino, con el objetivo de forzar el retorno a China de aquellas personas que "hayan cometido un delito".
Aunque en la mayoría ciudades por donde se han esparcido estas comisarías solo hay una, Barcelona y Madrid acumulan hasta 3 cada una, un récord que solo comparten con Toronto, en Canadá, camufladas detrás de restaurantes o tiendas. Tal como explica la asociación Saveguard Defenders, estas comisarías se empezaron a abrir en 2018 por el gobierno chino ante lo que desde las autoridades del país se consideraba el fraude de las telecomunicaciones de los ciudadanos chinos que vivían en el extranjero.
Controlar la diáspora china
Así justificaban la apertura de unas comisarías ilegales, ya que violan el derecho internacional, para luchar contra los cibercrímenes y delitos que se comentan a través de internet. De esta manera, tal como queda reflejado en el informe, si bien es cierto que "a menudo ofrecen servicios a la comunidad china", que está en estos países, como renovar los carnets de conducir, la razón de ser de las comisarías es "controlar cada vez más la diáspora china", una de las obsesiones del Partido Comunista Chino, y "reprimir todo tipo de actividades ilegales y criminales que involucran a chinos en el extranjero".
Tal como detallan desde la investigación, los líderes de estas comisarías son premiados con reuniones con funcionarios del partido, algo que les podría motivar a hacer un buen trabajo a la hora de controlar los migrantes chinos que han llegado a la ciudad que ellos se encargan de controlar. También los invitan a fiestas y acontecimientos simbólicos a cambio de ayudar al partido a "expandir su propaganda y actividades de influencia política". En realidad, sin embargo, según denuncia Saveguard Defenders, el objetivo final es forzar a los ciudadanos que viven fuera de China y que hayan cometido un delito a volver al país "voluntariamente".
Amenazas a las familias
En el informe de esta asociación clave en la defensa de los derechos humanos en Asia, especialmente en China, se recoge una de las evidencias de estas acciones que fue publicada por las mismas autoridades chinas. El caso empieza con la alerta de una de estas comisarías ilegales en Mozambique, cuando un empresario alertó que uno de sus trabajadores había robado una gran cantidad de dinero antes de volver a China en 2020. Entonces, estos policías empezaron a investigar el caso y solamente un mes más tarde lo detuvieron a él y a un cómplice, a quien "convencieron de volver a China", extorsionando a su familia para que lo hicieran volver. Según reconoce la administración china, en solo 15 meses (de abril del 2021 a este julio) han conseguido convencer a 230.000 chinos para que vuelvan voluntariamente a su país de origen y paguen por sus crímenes.
"Tanto si el objetivo de estas comisarías son disidentes, corruptos o criminales de bajo nivel, el problema es el mismo: utilizar métodos irregulares contra estas personas o sus familias en China mina cualquier proceso y los derechos humanos más fundamentales de los sospechosos", así concluye esta asociación su investigación, que podría ir más allá y descubrir todavía más comisarías ilegales por todo el mundo.