Desde el 1 de julio del 2022, en el estado de Texas, uno de los más conservadores de los Estados Unidos y gobernado por el partido republicano desde 1995, el derecho al aborto está extremadamente restringido. De hecho, las mujeres solo pueden interrumpir voluntariamente su embarazo en unos casos muy concretos: salvar la vida de una persona y prevenir un riesgo grave para la salud física de la embarazada. Ahora, sin embargo, cinco mujeres han denunciado al estado ante la justicia porque su ley antiaborto pone en riesgo su salud, en lo que es una nueva batalla legal en los Estados Unidos por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, desde que el verano pasado el Supremo norteamericano anulara la protección nacional al derecho al aborto y ahora, este depende de cada estado. Concretamente, estas cinco mujeres argumentan en su demanda que la incertidumbre sobre cuándo se aplican las exenciones a la ley "exacerbó" las emergencias médicas que pusieron en riesgo su salud, su fertilidad y sus vidas en peligro.
"En la medida en que las prohibiciones al aborto en Texas impiden que se practique el aborto a personas embarazadas para tratar afecciones médicas que ponen en riesgo la vida de la persona embarazada o suponen un riesgo importante para su salud, las prohibiciones violan los derechos de las embarazadas", recoge la demanda, en referencia a las disposiciones en la Constitución de Texas que protegen los derechos fundamentales y a la igualdad. Los embarazos de las cinco mujeres que ahora ponen una demanda contra el estado eran deseados, pero sufrían complicaciones que suponían un riesgo real para su salud. Además, ninguno de los fetos tenía ningún tipo de posibilidad de sobrevivir: dos no tenían cráneo y otros dos suponían una amenaza para sus gemelos.
Los testimonios de las denunciantes
Amanda Zurawski es una de las denunciantes y, en su caso, se quedó embarazada después de un largo tratamiento de fertilidad, pero rompió aguas de manera prematura, a solo 18 semanas, pero no recibió ningún tratamiento por la prohibición estatal. De hecho, los médicos le dijeron que no interrumpirían su embarazo, aunque el feto no hubiera podido sobrevivir, hasta que no estuviera "lo bastante enferma". En su estado, no podía viajar a otro punto del país donde sí que accedieran a practicarle el aborto. Según explica, empezó a subirle la fiebre y los médicos consideraron que en aquel momento, con señales de sepsis, sí que podían inducir el parto sin violar las leyes, pero volvió a sufrir otra infección y un choque séptico, hecho que habría podido provocarle la muerte. Aunque sobrevivió, este retraso provocó el cierre permanente de una de sus trompas de Falopio.
En el caso de Ashley Brandt y Lauren Miller, las dos estaban embarazadas de gemelos y los médicos los recomendaron que abortaran a uno de los dos, para intentar que el otro sobreviviera, pero no se les permitió. Por todo ello, las denunciantes no piden revocar la ley antiaborto, sino que los tribunales aclaren en qué situaciones los médicos pueden hacer excepciones para evitar situaciones como las que ellas han tenido que sufrir.
Reacciones políticas a las demandas
La administración de Joe Biden ya ha reaccionado a la demanda a través de su vicepresidenta. Kamala Harris, que en un comunicado mostró su apoyo a su decisión, reivindicando que "sacar el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones en materia de salud reproductiva pone en peligro su salud, con consecuencias potencialmente mortales".
Mientras tanto, un portavoz del fiscal general de Texas, Ken Paxton, que figura entre los demandados junto con el Estado, su Junta Médica y su director ejecutivo, Stephen Brint Carlton, ha asegurado que "está comprometido a hacer todo lo que esté en sus manos para proteger a madres, familias y niños no nacidos, y seguirá defendiendo y hacer cumplir las leyes promulgadas por la Legislatura de Texas".