¿Es legal que el Escocia vote en un segundo referéndum de autodeterminación sin el aval del parlamento de Westminster? Eso es lo que decidirá este miércoles el Tribunal Supremo del Reino Unido, después de que Edimburgo elevara la cuestión a los tribunales para saber como proceder hacia la de independencia ante las reiteradas negativas de Londres, tanto de los conservadores como de los laboristas, de pactar una consulta vinculante como la del 2014. La resolución del Alto Tribunal llega más pronto de lo que se esperaba inicialmente. Los jueces, que habían advertido que tardarían meses en analizar las 8.000 páginas de documentos y las dos vistas en octubre, finalmente solamente han necesitado unas seis semanas para llegar a la conclusión, que harán pública hacia las nueve de la mañana. Precisamente esta celeridad ha levantado sospechas entre los expertos en derecho constitucional ante la posibilidad de que el tribunal no posicione a favor de una opción o la otra, porque el Proyecto de ley de independencia de Escocia todavía no ha sido aprobado por el parlamento escocés.
A causa de la compleja situación jurídica del Reino Unido, que tiene una Constitución que no está escrita, el Supremo tendrá que decidir si es legal que el parlamento escocés en Holyrood convoque un referéndum sin el permiso del parlamento británico. En la práctica, eso comporta que posicionen sobre quién tiene realmente la soberanía, aunque la pertenencia a la Unión sea "voluntaria". Por otra parte, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, también ha recibido críticas por los argumentos que su gobierno utilizó delante del Supremo para tratar de ganar el caso. Con todo, asegura que tiene un plan B ante la posibilidad de que no les den la razón: que las próximas elecciones generales sean un referéndum de facto.
¿Qué argumenta el gobierno escocés?
La primera ministra Nicola Sturgeon espera la resolución del Supremo para saber si tiene la competencia para sacar adelante la ley del referéndum. Tal como argumenta el gobierno escocés, Sturgeon tiene el poder para celebrar en octubre del año que viene un referéndum "puramente consultivo" a fin de que no necesite el aval de Westminster, quien, según la tradición Constitucional del país, tiene soberanía parlamentaria. Así, con la idea de que la consulta no sea realmente vinculante, la mandataria espera esquivar los impedimentos de Londres y poder poner las urnas. Si el Supremo diera la razón al gobierno escocés este miércoles, Sturgeon llevaría inmediatamente la ley del referéndum a los diputados para aprobarla. Sin embargo, una vez se celebrara la consulta, tanto Holyrood como Westminster tendrían que aprobar legislación para hacer efectiva la independencia. Es por eso que algunos independentistas tienen dudas sobre esta estrategia que, al fin y al cabo, acabaría necesitando un acuerdo con Londres. De la misma manera, hay desconfianza sobre si las siguientes elecciones generales podrían servir realmente como un referéndum de autodeterminación de facto.
¿Y si el Tribunal Supremo no da la razón a nadie?
Hay una posibilidad de que el Tribunal Supremo decida que es demasiado pronto para posicionar sobre la cuestión. Eso se debe al hecho de que Holyrood todavía no ha aprobado el proyecto de ley, por lo cual no se pueden pronunciar sobre un procedimiento que todavía no se ha iniciado. En este sentido, el gobierno británico querría esperar que el parlamento escocés aprobara la ley para volver a llevarla al Supremo y argumentar que no tienen la competencia para hacerlo. No se puede descartar ningún escenario.