El mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como "El Chapo", que durante mucho tiempo fue uno de los hombres más buscados por EE.UU. por considerarlo uno de los mas violentos capos de la droga, ha terminado su primer dia de juicio. Un juicio que podría durar más de tres meses y al que tiene que responder por cargos de narcotráfico ante una corte federal en Nueva York.
Tras haberse escapado en dos ocasiones de prisiones de máxima seguridad en México, Guzmán, que durante dos décadas lideró el Cártel de Sinaloa, según las autoridades, fue arrestado en enero de 2016 en su país y extraditado a EE.UU. un año después gracias a la autorización del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, con la condición de que no se le impusiera la pena de muerte.
Guzmán, que batalló legalmente para evitar su extradición, llegó en enero de 2017 a Nueva York, una de las seis jurisdicciones de EE.UU. que le reclamaban, esposado y fuertemente escoltado por agentes de la Agencia Antidrogas (DEA) y del Departamento de Seguridad Nacional, en un avión militar que aterrizó en Long Island.
Fue llevado, con un convoy de vehículos hasta la cárcel federal en Manhattan, confinado en solitario y bajo extremas medidas de seguridad en las que está desde entonces. Sus abogados creen que en el proceso de su extradición se violaron sus derechos.
Once acusaciones
Los cargos de los que el Gobierno de EE.UU acusa a Guzmán Loera, que fue experto huyendo de las autoridades y cuya vida ha sido llevada a la televisión, se relacionan con el narcotráfico. Son once acusaciones y la principal es dirigir una empresa criminal de forma continua, que desde 2003 habría exportado y distribuido a EE.UU. 457 toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas.
La fiscalía presentará pruebas de que el capo, que llegó a estar en la lista de los más ricos de la revista Forbes, está vinculado con decenas de asesinatos como líder del Cártel de Sinaloa, el principal exportador de droga a EE.UU. desde México.
De acuerdo con las autoridades, como resultado de esa empresa criminal, Guzmán posee una fortuna de más de 14.000 millones de dólares que buscan confiscar.
Los abogados del Chapo
El Gobierno de EE.UU. está representado en este proceso judicial por un grupo de fiscales liderados por Andrea Goldbarg, de origen argentino, de la fiscalía del distrito federal para el este de Nueva York, en Brooklyn, una experta en cómo operan los cárteles de México, una mujer "estricta, estudiosa y rigurosa con los procedimientos y los plazos que fija", según sus colaboradores.
A Guzmán le representa desde hace un año el abogado radicado en Washington Eduardo Balarezo, un ecuatoriano nacido en Guayaquil pero con cuatro décadas en EE.UU. y que tuvo entre sus clientes al narcotraficante mexicano Alfredo Beltrán Leyva, que cumple cadena perpetua en EE.UU. tras declararse culpable.
Su colega en este caso es el estadounidense Jeffrey Lichtman, que abrió su despacho en Nueva York en 1999, y es conocido sobre todo por haber logrado que John A. Gotti, hijo del difunto líder mafioso de la familia Gambino, John Gotti, esquivase la cárcel al declararse nulo un juicio en el que se enfrentaba a varios cargos por crimen organizado.
Además, Guzmán ha reclutado a los abogados William Purpura, que llega de la mano de Balarezo, y Marc Fernich, que trabajó antes con Lichtman.
¿Quién será jurado?
La selección del jurado, que comienza mañana y puede durar varios días, figura como uno de los puntos claves de este proceso ya que se hará fuera de la vista pública, con una limitada presencia de miembros de la prensa en la sala del proceso.
Los miembros del jurado elegidos serán mantenidos en secreto por su seguridad, ya que se teme por la venganza de los socios de "El Chapo", una práctica de seguridad no muy común pero usada en otros casos en diferentes cortes del país.
El juez del caso, Brian Cogan, dijo que debido al historial de violencia de "El Chapo" mantendrá en secreto sus nombres, lugar de trabajo y direcciones, y que serán protegidos por policías de la corte armados desde y hasta sus hogares.
Protección de testigos
La seguridad se extiende también a los testigos del Gobierno, entre ellos exsocios, subordinados o rivales de Guzmán en su presunto imperio de la droga, algunos de los cuales cumplen sentencias en prisiones de EE.UU y se les mantiene en celdas protegidas o están bajo el programa de protección de testigos, con nueva identidad.
El Gobierno estadounidense teme que haya también actos de venganza contra ellos ya que los tentáculos del Cártel de Sinaloa se extienden mucho más allá de la frontera de México, por lo que los nombres de los testigos se mantienen en secreto, si bien algunos documentos públicos dan pistas sobre algunos de ellos.