La Comisión Europea condena "enérgicamente cualquier acceso ilegal a los sistemas de comunicación" o cualquier forma de intercepción ilícita de las comunicaciones de los usuarios. En este sentido, recuerda que tal como señala Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la "simple referencia a la seguridad nacional" por parte de los estados miembros "no es suficiente para excluir la aplicación del Derecho de la UE". Así pues, señala que en caso de no poder aplicarse el Derecho de la UE, los estados miembros están vinculados por las garantías que figuran en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El texto responde a las preguntas formuladas el pasado mes de noviembre por los eurodiputados Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, en las cuales denunciaban el caso de espionaje contra los dirigentes independentistas con el sistema de espionaje Pegasus.
Seguimiento de la investigación
La comisaria de Asuntos Internos europea, Ylva Johansson, en nombre de la Comisión Europea, ha indicado que desde la institución europea son conocedores de las denuncias de los líderes independentistas espiados y siguen de cerca el caso. En este sentido, ha señalado que siguen la comisión de investigación del Parlamento Europeo para investigar el uso de Pegasus para espiar. Con todo, ha afirmado que tomarán nota del informe final y seguirán las recomendaciones que se deriven de la investigación.
La Comisión ha recordado que la directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas prohíbe la intercepción de comunicaciones y el almacenaje y el acceso a la información al equipo terminal sin el consentimiento del usuario afectado. Esta misma directiva permite a los estados miembros adoptar medidas legislativas para restringir los derechos cuando sea "una medida necesaria, adecuada y proporcionada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública y la lucha contra las infracciones penales". Además, Johansson ha remarcado que más allá de la legislación europea, los estados están vinculados por las garantías que figuran en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con el Tratado Europeo de Derechos Humanos como máximo garantizaba.
Espionaje con Pegasus
Los eurodiputados Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín enviaron el pasado 22 de noviembre una carta a la Comisión Europea donde realizaban una serie de preguntas por saber el grado de conocimiento que la Comisión tenía sobre el espionaje por parte del gobierno español a los líderes independentistas. Entre las cuestiones, los eurodiputados preguntaban a la institución europea si era consciente "de las prácticas que utiliza España para luchar contra las organizaciones no violentas compuestas por miembros electos y la sociedad civil". Además, también querían saber la opinión de la comisión respecto al hecho que el espionaje coincidiera con la formación del gobierno catalán. Por último, consultaba si la Comisión consideraba "¿que la lucha contra el terrorismo justifica el uso indiscriminado de programas espía?"