La Comisión Europea (CE) avala el Tribunal Constitucional (TC), però recrimina a Pedro Sánchez no haber consultado "las partes interesadas pertinentes, incluidos, según corresponda, el poder judicial y los consejos judiciales" a la hora de sacar adelante la reforma del Código Penal. En este sentido, el Ejecutivo comunitario afirma que "cuando se trata de reformas de los sistemas judiciales a los estados miembros, siempre hemos sostenido que es importante que se consulte a las partes interesadas pertinentes, incluidos, según corresponda, el poder judicial y los consejos judiciales". Así pues, desde la Comisión Europea indican que el gobierno español tendría que haber consultado a los partidos de la oposición, tal como reclama el PP, antes de impulsar la reforma del Código Penal.

Las fuentes comunitarias se refieren así a los estándares europeos que abogan para que antes de que una reforma de peso en el ámbito judicial sea presentada haya consultas "previas" con actores como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los fiscales y jueces o el Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia. En el caso de España, añaden las fuentes, corresponde al Tribunal Constitucional dirimir sobre cualquier "duda o queja" sobre la manera como se ejecuta el proceso de reforma y las autoridades nacionales cumplir las normas establecidas.

La CE avala el TC, pero no entra a valorar el fondo de la reforma del Código Penal

Fuentes comunitarias han avalado el TC al reclamar que, cuando se trata de reformas de los sistemas judiciales, hay que consultar a todas las partes interesadas. Es decir, que el gobierno español tendría que haber consultado las fuerzas de la oposición para sacar adelante la reforma del Código Penal. Al mismo tiempo, sin embargo, el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, ha evitado valorar el fondo de la reforma del Código Penal porque Bruselas no hace comentarios sobre propuestas legislativas hasta que son adoptadas definitivamente como ley, pero sí que ha apuntado que los servicios comunitarios esperan que "las autoridades nacionales y que todos los actores nacionales actúen de acuerdo con las reglas y procedimientos nacionales". Así pues, el portavoz ha optado por la cautela y ha evitado valorar de manera directa la decisión del Constitucional para congelar la reforma impulsada por los partidos del Gobierno.

Bruselas sigue la situación de España "de cerca"

Wigand ha remarcado que Bruselas sigue la situación de España "de cerca" y que vigila las reformas en el marco de su informe anual sobre el estado de derecho en los países de la Unión Europea. De hecho, la Comisión Europea ya ha recriminado a otros países que hayan acelerado reformas importantes sin consultar las partes, tal como ya ha pasado en Rumania o Polonia. Wigand también ha declarado que el espacio adecuado para resolver las dudas que pueda originar la tramitación de una reforma como la española es el Tribunal Constitucional.

Ciertamente, la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de paralizar la proposición de ley que cambia el sistema de elección de sus miembros y que se estudiaría este martes la Comisión de Justicia del Senado ha abierto una crisis institucional en España.

Sánchez acata el TC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que acatará la decisión de la mayoría conservadora del tribunal de garantías, que este lunes lo ha retado, suspendiendo la tramitación parlamentaria al Senado de la reforma judicial del Código Penal. Pero también ha desafiado el Tribunal Constitucional y ha asegurado que su ejecutivo "adoptará las medidas precisas" para reformar el poder judicial y renovar así el Consejo General del Poder Judicial y el mismo TC. 

 

Imagen principal: Fotografía de Christian Wigand en una charla en el Colegio de Periodistas de Cataluña