El primer hongkonés juzgado bajo la polémica Ley de Seguridad Nacional de Pekín, el joven de 24 años Leon Tong Ying-kit, ha sido condenado este martes por "incitar a la secesión" y por "actos de terrorismo", según ha informado la prensa de Hong Kong.
Todavía no se ha hecho pública la sentencia, pero hay que tener en cuenta que la cadena perpetua es el castigo más importante que contempla la norma. Entonces, Tong podría enfrentarse a la pena máxima, aunque el próximo jueves está previsto que la defensa del joven hongkonés presente una petición de atenuación.
Un juicio sin jurado
Tong rechazó tanto el cargo de secesión como el de terrorismo, pero ha estado bajo custodia desde el día de su detención, el pasado 1 de julio. Todas las peticiones de libertad bajo fianza le han sido denegadas.
Su juicio fue sin jurado, ya que el Departamento de Justicia de Hong Kong aseguró que tenía miedo de la seguridad personal de los miembros del jurado y de sus familias. Una medida y un argumento que la televisión hongkonesa RTHK consideró "un paso inusual".
El fin de la libertad de expresión
La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional ha calificado la declaración de culpabilidad de Tong como "el principio del fin de la libertad de expresión de Hong Kong". "La condena de Tong es un momento importante y amenazador para los derechos humanos de Hong Kong. El veredicto de hoy subraya el hecho de que expresar determinadas opiniones políticas en la ciudad es ya oficialmente un crimen, punible hasta con toda una vida en la prisión", ha expresado la directora de la organización por la zona de Asia-Pacífico, Yamini Mishra.
Tong fue detenido el primero de julio de 2020, horas después de la entrada en vigor de la polémica Ley de Seguridad Nacional. El joven había embestido con su moto a un grupo de policías mientras llevaba una bandera con la consigna de las protestas contra el gobierno de la segunda mitad de 2019: "Liberad Hong Kong. La Revolución de nuestros días".
La polémica ley, que entró en vigor al principio de julio de 2020, tiene como objetivo prohibir actos de subversión contra el gobierno central en Hong Kong, así como eliminar supuestos resquicios "de injerencias extranjeras".
Según Mishra, lo que ha conseguido la ley es encaminar la región "hacia un Estado policial". "Ha fomentado un clima de miedo y los residentes tienen que pensarse dos veces qué dicen y como viven sus vidas", ha afirmado este mes en un comunicado.