El Consejo Constitucional de Francia, máxima autoridad constitucional del país, ha validado este viernes la polémica reforma de las pensiones del gobierno del presidente Emmanuel Macron. Los 9 miembros del organismo, conocidos como les sages, "los sabios", han confirmado que la norma es constitucional, incluido el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, pero han censurado seis artículos del proyecto de ley, según ha informado el diario Le Monde. Por otra parte, los jueces han rechazado una petición de referéndum de iniciativa compartida (RIP) que había presentado la izquierda en un intento por frenar la norma, aunque el próximo 3 de mayo se tendrán que pronunciar sobre un segundo texto. Así pues, la decisión del Consejo Constitucional supone un duro golpe para los opositores de la ley, que en las últimas semanas han protagonizado centenares de protestas y paros en el país por la aprobación de esta norma a través de un decreto.
De hecho, este viernes los sindicatos han movilizado a la población para una nueva jornada de protestas, y en París, se han concentrado ante el Palacio Real, sede del Consejo Constitucional, a la espera del dictamen, que se ha hecho público en las 18 horas. Las primeras movilizaciones se remontan a enero, aunque se convirtieron en el día a día del país a partir del 16 de marzo, cuando el ejecutivo de Macron aprobó la reforma de las pensiones a través del artículo 49.3 de la Constitución, sin someterla al voto de la Asamblea Nacional. Sobre esta cuestión, el Consejo Constitucional ha reconocido que la elección del procedimiento es "inusual", pero ha determinado que esta no supone, por sí sola, ninguna inconstitucionalidad. A pesar de ello, el organismo ha insistido en que su tarea es comprobar si se cumple la Constitución y no "decidir todos los debates que pueda suscitar la reforma de las pensiones".
La izquierda pide a Macron que no promulgue la ley
Las reacciones tras el dictamen han sido inmediatas. El presidente de la República por el momento no se ha pronunciado, pero la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, que estuvo en la diana de las protestas tras la aprobación de la norma, ha afirmado que "esta noche no hay ganador ni perdedor", y ha pronosticado que la reforma de las pensiones ha llegado este viernes "al final de su proceso democrático".
Desde la izquierda no lo ven de la misma forma y han reclamado a Macron que no promulgue la norma, el último paso para que la reforma de las pensiones entre en vigor. Así, en una rueda de prensa de la coalición de izquierdas de NUPES, la presidenta del grupo parlamentario de La Francia Insumisa, Mathilde Panot, ha avisado que "no será el Consejo Constitucional el que haga cambiar de opinión al pueblo francés" y por ello, ha pedido al presidente que "no promulgue la ley, que la retire o que la devuelva al pueblo".
El líder NUPES, Jean-Luc Mélenchon también ha reiterado en un tuit que "la lucha continúa" y ha acusado al Consejo Constitucional de estar "más atento a las necesidades de la monarquía presidencial que a las del pueblo soberano". La líder ultraderechista de Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, ha asegurado en un tuit que "el destino político de la reforma de las pensiones no está sellado". "El pueblo siempre tiene la última palabra", ha advertido, y en este sentido ha instado a los votantes a "preparar la alternancia a que devolverá esta reforma innecesaria e injusta".
La CGT llama a una gran movilización el 1 de mayo
La CGT también ha pedido a Macron que no promulgue la norma, pero ha rechazado la invitación que este les hizo reunirse el próximo martes, tras conocer el dictamen constitucional. "No aceptaremos reuniones con el ejecutivo antes del 1 de mayo", ha informado el sindicato en un comunicado. En este sentido, ha hecho un llamamiento a los trabajadores para convertir el Día Internacional de los Trabajadores en una "jornada de movilización excepcional y popular".
Aunque el Consejo Constitucional ha rechazado la propuesta presentada por la izquierda para celebrar un referendo de iniciativa compartida (RIP), el rechazo responde a que la ley todavía no se ha promulgado. El organismo argumenta que no se puede aceptar una petición de referendo sobre lo que todavía no es una ley. Por este motivo, la izquierda ha presentado una nueva petición y los sabios darán su veredicto el próximo 3 de mayo.