Solamente habían pasado tres días desde que Vladímir Putin había empezado la invasión de Ucrania, cuando el periodista vasco Pablo González fue detenido en Polonia, en la frontera, donde trabajaba informando sobre el gran éxodo de refugiados ucranianos que huían del terror que se había apoderado de su país. González tiene la doble nacionalidad, rusa y española, y cuando la policía lo detuvo fue acusado de espionaje a las órdenes del Kremlin. Desde entonces, como ha ido denunciando reiteradamente su abogado Gonzalo Boye, el reportero no ha podido hablar con su familia, se encuentra prácticamente incomunicado y ahora ha recibido otra vez muy duro cuando casi hace medio año desde que fue encarcelado. El tribunal regional de Przemyśl, en el sureste de Polonia ha decidido alargar tres meses más su detención a prisión preventiva.
Sus abogados ya han reaccionado a la noticia. Bartosz Rogała, que se encuentra en Polonia, asegura que la corte coincidió con la Fiscalía en la mayoría de motivos para mantener detenido al periodista vasco. Días atrás, la Fiscalía había justificado su petición en una "fundada preocupación por un fraude de procedimiento, temor por ocultación o fuga y por el hecho de que Gonzélez tiene muchas posibilidades de recibir una pena elevada si es condenado". Por su parte, Gonzalo Boye ha escrito un tuit en que denuncia que el hombre sigue incomunicado y sin que hayan podido conocer las pruebas que supuestamente tienen en Polonia: "Solo intentan doblegar su voluntad", ha lamentado el abogado.
Denuncian que no existen pruebas contra González
Al principio de junio, cuando se cumplían cien días desde su encarcelamiento en la frontera entre Polonia y Ucrania, su grupo de apoyo, la plataforma #FreePabloGonzalez, empezó una campaña en las redes para denunciar su situación: "100 días sin su familia. 100 días sin su abogado de confianza (Gonzalo Boye). 100 días sin poder ejercer de periodista" un mensaje acompañado por un vídeo en que se preguntaban "¿!uién le devolverá estos 100 días?".
En el vídeo, la plataforma iba más allá y denunciaba que había pasado 100 días en la prisión sin ninguna prueba en contra, algo en lo que ahora insiste Boye: "100 días en los cuales ha tenido que celebrar en soledad su cuadragésimo cumpleaños, en los que solo ha recibido tres cartas de amigos (ninguno de su familia), en los que no ha escuchado a sus hijos, en los que solo ha recibido tres visitas del cónsul español," exponía su grupo de apoyo.
Intervención de la ONU
A finales de julio, se anunció que el caso de González sería tratado por el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, después de que su mujer, Ohaina Goiriena, solicitara a esta entidad que estudie la detención, intervenga en el caso y pida explicaciones en Polonia. Desde entonces, sin embargo, no ha habido ninguna novedad sobre el tema ni ningún avance para mejorar la situación de González, sino que además se ha confirmado que estará detenido tres meses más, es decir, como a mínimo final de noviembre.
Boye fue el encargado de redactar esta solicitud, en qué argumentaba que el periodista no solamente tiene doble nacionalidad, sino también dos inanidades en Rusia y España, las dos "legales, conocidas y que responden a una realidad familiar y jurídica legalmente permitida por los ordenamientos de los dos países". Además, denunciaba que la detención fue arbitraría, ya que la manera como se le privó de libertad se ajusta a cuatro de las categorías establecidas por las Naciones Unidas para decretarla como tal.