Cuatro líderes independentistas de Nueva Caledonia, detenidos el miércoles por su presunto papel en los disturbios del mayo pasado, serán enviados a Francia para ser encarcelados de forma preventiva, según han anunciado este sábado las autoridades. Estas "asignaciones en metrópoli" han sido confirmadas por el fiscal Yves Dupas en la radiotelevisión pública, La Première, en este territorio francés del Pacífico sur, aunque no ha facilitado más detalles de los traslados. Entre los detenidos que serán enviados a Francia está Christian Tein, jefe del grupo activista CCAT (siglas en francés de Célula Coordinadora de Acción de Campo), acusado de "crimen organizado", igual que el resto de arrestados.
El abogado de este activista, Pierre Ortet, ha explicado en la radiotelevisión pública que Tein "ha sido presentado al juez de detención" y que esta noche "ha sido arrestado provisionalmente". "Tendría que ir a Mulhouse. No tenemos información sobre la fecha exacta del traslado", ha detallado a La Première. El letrado ha mostrado su "sorpresa y estupor" por la decisión de enviar su defendido en Francia, a unos 17.000 kilómetros de Nueva Caledonia, y ha avanzado que ya han presentado una apelación ante la decisión.
Aparte de Tein, otros tres activistas detenidos serán trasladados también a prisiones de diferentes puntos de Francia. Entre ellas, figuran Frédérique Muliava, jefe del gabinete del presidente del Congreso (asamblea territorial), Roch Wamytan, y Brenda Wanabo-Ipeze, responsable de comunicación de la CCAT. Todos ellos, junto con Tein, forman parte del grupo de once independentistas arrestados el miércoles pasado en el marco de las investigaciones por los disturbios en este territorio, que empezaron el 12 de mayo pasado.
De momento, las audiencias judiciales de todos los detenidos no han acabado y se reanudarán el martes. Los disturbios de mayo causaron ocho muertos, así como el incendio de centenares de edificios, el cierre de aeropuertos y una alteración evidente en la vida de los ciudadanos, a causa de las barricadas construidas. A consecuencia, el Ejecutivo francés envió un importante refuerzo de policías y gendarmes, a la vez que suspendió una reforma constitucional que preveía abrir el censo del territorio, que hace décadas que está cerrado, y que era el principal motivo de queja de los independentistas, en general aborígenes.
Hay que recordar que Nueva Caledonia fue una colonia francesa hasta el año 1946, cuando recibió el estatus administrativo de territorio francés de ultramar. Las reservas de níquel situaron el territorio en el mapa, hecho que atrajo a muchos franceses de la metrópoli que disminuían la presencia de los nativos. El año 1998, y después de varias movilizaciones, se firmó el Acuerdo de Nouméa, que permitió avanzar hacia la autonomía gradual de la zona y convocar referéndums sobre la independencia de Nueva Caledonia. Este pacto restringe el censo electoral a las personas que habían residido en Nueva Caledonia antes de 1998 y sus hijos, con la intención de dar más representación a la población originaria. Pero hace poco desde el Ejecutivo francés consideraron que era una medida poco democrática y propusieron una reforma para incluir en el censo a las personas que viven en Nueva Caledonia desde hace más de 10 años. Una decisión que generó malestar en la isla.