Este jueves 20 de marzo se cumplen justo 30 años del atentado con gas sarín en el metro de Tokio, que en 1995 provocó 13 muertos y unos 6.300 heridos, dejando a decenas de personas en estado vegetativo y con secuelas de por vida. Una mujer, de hecho, murió en 2020 después de 25 años arrastrando una afectación cerebral, por lo que se la considera la víctima número 14. El ataque lo perpetraron integrantes de la secta religiosa Aum Shinrikyo (Verdad Suprema, traducido del japonés), que, hacia las 8 de la mañana, liberaron este agente tóxico en cinco trenes de la red del metro de Tokio que pasaban por la estación de Kasumigaseki, una zona céntrica de la capital en la que hay diversos edificios gubernamentales. Ahora, pasadas tres décadas, supervivientes y familiares de las víctimas intentan que las nuevas generaciones no olviden lo ocurrido. Creen que el ataque de 1995 "podría haberse evitado" con una mayor atención de las autoridades y denuncian que hoy en día todavía operan grupos similares, como Aleph, a los que instan a perseguir con mayor ahínco.
Los cinco perpetradores del atentado dejaron bolsas de plástico repletas de gas sarín en el suelo del tren y las perforaron con paraguas para liberar el agente tóxico, justo antes de salir huyendo. En pocos minutos, algunos de los numerosos pasajeros agolpados en hora punta salieron como pudieron de los convoyes, sin apenas poder respirar, mientras que otros cayeron desplomados en el acto y no volvieron a despertarse. Los devotos de la secta, fundada en 1984 con elementos cristianos, budistas y del yoga, creían que se acercaba el apocalipsis, una batalla entre el bien y el mal que marcaría el fin de los tiempos, y consideraban las masacres una forma altruista elevar las almas de las víctimas. Llegaron a ser unos 10.000 adeptos en Japón.
Dos días después, la policía de Tokio, ayudados por un canario enjaulado, encontró la guarida de la secta en una zona cercana al monte Fuji. Allí, los acólitos convivían y produjeron el gas sarín. También encontraron, en un compartimento secreto, al fundador del grupo y la figura en torno a la que giraba el culto, Chizuo Matsumoto, más conocido como Shoko Asahara. El líder de la secta fue ejecutado en 2018, al igual que otros 12 de sus acólitos condenados por los hechos. El crimen supuso todo un golpe para Japón, país que habitualmente presenta bajas tasas de criminalidad, y despertó todas las alertas en materia de Defensa ante el auge de grupos extremistas. También sirvió para que las autoridades japonesas promulgaran leyes para perseguir la producción y posesión de este tipo de agentes nerviosos.
A día de hoy aún existen en Japón varias sectas de perfil similar herederas de Aum Shinrikyo, como Aleph y Hikarinowa, que siguen reclutando nuevos adeptos a través de las redes sociales y de sus seminarios. Hoy en día agruparían a unos 1.600 acólitos, según datos los servicios de inteligencia japoneses que aporta este miércoles EFE. Más de la mitad de los miembros se unen a estos grupos tienen entre 10 y 29 años, por lo que quizá no conocen los hechos ocurridos en marzo de 1995, cosa que preocupa a las autoridades japonesas.
Las víctimas hablan
Es por este motivo que familiares de las víctimas y testigos han puesto en marcha una web para evitar que el suceso caiga en el olvido y prevenir que las generaciones jóvenes caigan en las redes de cultos como el que perpetró el atentado. El portal digital contiene testimonios y escritos de unas 20 personas que se vieron involucradas en lo sucedido y excreyentes de la secta. También se recogen fotografías y vídeos, y se irán agregando más con el tiempo.
"Espero que este portal sirva de entrada para conocer el caso. Quiero que escuchen las voces del lado de las víctimas", dice en declaraciones a la prensa Shizue Takahashi, de 78 años, que perdió a su marido, el subjefe de la estación de Kasumigaseki, y que ha sido una de las principales activistas por la memoria. "Aum y sus grupos sucesores siguen destrozándome la vida, pero tenemos que seguir adelante y no dejar que los recuerdos se desvanezcan", ha valorado Takahashi en una atención a los medios.
Ella misma participa en el proyecto junto a otros familiares de víctimas, trabajadores del metro, miembros de la Policía que estaban investigando al culto, bomberos o médicos como el doctor Shinichi Ishimatsu, director del Hospital Internacional St. Luke de Tokio, que trató a personas heridas y ha escrito sobre la gravedad de las secuelas de las víctimas. Para Shoko Egawa, una periodista que seguía los pasos del culto y en especial el asesinato por parte de sus miembros del abogado Tsutsumi Sakamoto, entonces con 33 años, y su familia mientras éste preparaba un caso contra ellos, "la educación es muy importante". "Es como una vacuna. Tal vez puede reducir los riesgos", dice a EFE.
El abogado de los supervivientes, Yuji Nakamura, de hecho, sostiene el atentado "podría haberse evitado", puesto que se produjo después de que una investigación policial fallara al no vincular algunos crímenes cometidos previamente a Verdad Suprema. Precisamente el año anterior hubo otro atentado con gas sarín en la ciudad de Matsumoto, en el que murieron ocho personas y más de 140 resultaron heridas. Ahora, supervivientes, familiares de las víctimas y su defensa jurídica presionan al Ministerio de Justicia de Japón para que estreche el cerco y persiga más duramente al grupo Aleph, sucesor de Verdad Suprema.