Las batidas masivas para deportar a migrantes indocumentados que prometió el presidente Donald Trump ya han empezado y con ellas los problemas. Como se esperaba, los errores o víctimas colaterales ya empiezan a aflorar. En las últimas horas más de 1.000 personas han sido detenidas y algunas no lo tendrían que haber sido. El alcalde de Newark (Nueva Jersey), Ras Baraka, ha denunciado que en su localidad el servicio federal de inmigración (ICE, en sus siglas en inglés), hizo una batida en la que detuvo no solo a migrantes, sino también a ciudadanos estadounidenses, entre ellos a un militar veterano. Baraka destaca que estas detenciones se llevaron a cabo sin la orden judicial pertinente.

"Este acto flagrante es una violación clara de la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos (EE.UU.), que garantiza 'el derecho de la gente a estar seguros ante la incautación y los registros injustificados'", recuerda Baraka en un comunicado. En este texto, el alcalde de Newark detalla que entre los detenidos está veterano del ejército de EE.UU., "quien ha sufrido la indignidad de que los agentes cuestionaran la legitimidad de su documentación militar".

Por su parte, el ICE se ha limitado a declarar que la agencia "puede encontrarse con ciudadanos norteamericanos mientras lleva a cabo trabajos de campo y puede solicitar una identificación para establecer la identidad de una persona, como ha ocurrido durante una operación de aplicación específica en un puesto de trabajo hoy en Newark".

Primeras trabas a los planes de Trump

Un juez federal bloqueó este jueves temporalmente la orden ejecutiva de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o con un estatus temporal nacidos en el territorio estadounidense, lo que supone el primer revés a los planes del nuevo mandatario para reformar el sistema migratorio.

El magistrado del distrito federal John C. Coughenour, en Seattle, ha considerado que la orden es claramente "inconstitucional", según declaraciones recogidas por la cadena ABC News. "Llevo más de cuatro décadas en el tribunal. No recuerdo otro caso en el que el caso presentado sea tan claro como este. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional", dijo Coughenour, que fue nombrado para el cargo en 1981 por el exmandatario Ronald Reagan (1981-1989).