El cuerpo policial que vela para hacer cumplir la polémica ley de seguridad nacional de China ha arrestado este miércoles a cuatro estudiantes de un grupo proindependencia, después de que hayan anunciado que pretenden convertir Hong Kong en una república "utilizando cualquier medio posible".
La policía no ha revelado la identidad de los detenidos, de entre 16 y 21 años, aunque algunas imágenes de internet muestran que uno de ellos es Tony Chun Hon Lam, uno de los excoordinadores del movimiento Studentlocalism, un grupo proindependencia desmantelado el 30 de junio, horas antes que la normativa entrara en vigor.
El superintendente Steve Li Kwai Wah ha explicado que los detenidos habían declarado que fundarían una agrupación que promovería los ideales políticos independentistas y "utilizaría cualquier medio posible" para construir "una república de Hong Kong", según ha informado el diario local 'South China Morning Post'.
El grupo en cuestión ha publicado la detención de Chung en Facebook, y en su declaración de intenciones afirman: "Antes de triunfar en la construcción de nuestra nación (...) el Partido de la Iniciativa de la Independencia luchará para siempre junto con los ciudadanos de Hong Kong por nuestro sueño común".
Es la primera vez que se produce una detención de activistas que no se encontraban físicamente en las protestas antigubernamentales de Hong Kong mediante la nueva legislación. Las detenciones durante las protestas se han producido, además, para corear eslóganes o enarbolar banderas.
La ley de seguridad nacional
La ley de seguridad nacional permite al Gobierno de Pekín ejercer su jurisdicción sobre casos "complicados" en Hong Kong, relacionados con injerencias extranjeras, cuando las autoridades locales no pueden hacer cumplir la ley o cuando la seguridad nacional del territorio está amenazada, según consta en el texto legal.
La norma enumera cuatro categorías de delitos: secesión, subversión, terrorismo y colusión con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional. La pena máxima para cada delito es la cadena perpetua aunque la sentencia que se sugiere para algunos delitos menores es de tres años de prisión.
Según la ONU, la indefinición de estos casos "complicados" podría desembocar en una "interpretación discriminatoria o arbitraria de la ley, lo cual podría afectar gravemente a la protección de los derechos humanos".