El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, ha anunciado su dimisión este martes en una rueda de prensa después de que se haya iniciado una investigación por parte de la Fiscalía que implica tanto al primer ministro como otros miembros de su Gabinete, por supuestos delitos de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno. "Confío totalmente en la Justicia", ha dicho Costa en una declaración a los medios, justo después de anunciar que deja el cargo. Este martes por la mañana la policía había registrado el domicilio del primer ministro y de otros altos cargos y miembros del gabinete de Costa. "En estas circunstancias, obviamente, he presentado mi dimisión a su excelencia, el presidente de la República", ha afirmado el socialista en una intervención televisada, en la cual ha señalado que el cargo de primer ministro "no es compatible con la sospecha de la práctica de cualquier acto criminal".

El escándalo se ha hecho público este martes cuando la Fiscalía portuguesa ha confirmado en un comunicado que ha llevado a cabo el registro de "espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro" y que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso para "desbloquear procedimientos". Estas alegaciones "serán analizadas de manera autónoma en el ámbito de la investigación instaurada en el Supremo Tribunal de Justicia", ha añadido el Ministerio Público. La investigación, en la cual se han registrado más de 40 espacios, se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, los dos en Sines. La Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos de sus administradores en la sociedad "Start Campus" y contra un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados.

También han sido sospechosos formales, una figura previa a la acusación, el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente. Los registros de este martes por la mañana han sido dictados por la Fiscalía y se han desarrollado a través de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y la Autoridad Tributaria y Aduanera. Esta mañana el primer ministro se ha desplazado hasta el Palacio Presidencial para informar personalmente al jefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, de las operaciones que se estaban produciendo en varios ministerios, cuando todavía no había anunciado su dimisión. Las investigaciones surgen del Departamento Central de Investigación y Acción Penal de Lisboa y giran en torno a una explotación de litio en Montalegre, en la zona norte de Portugal, en concreto por si pudiera haber habido algún tipo de trato de favor en ciertas empresas por parte del gobierno.