Siguen los disturbios y saqueos masivos en Sudáfrica que empezaron la semana pasada con niveles de vandalismo inéditos en la historia democrática del país. En total, ya hay 72 muertos y 1.234 detenidos, mientras la policía y el ejército se unen para intentar estabilizar las zonas afectadas. Estas son, principalmente la provincia de KwaZulu-Natal y el corazón político y económico de la nación, la provincia de Gauteng, a la cual pertenecen Johannesburg y Pretoria.
Al fin y al cabo empezó como unas protestas por el encarcelamiento del polémico expresidente Jacob Zuma (2009-2018) y se acabó convirtiendo en una ola de saqueos y vandalismo indiscriminado de tal magnitud que al presidente del país, Cyril Ramaphosa, la ha llegado a comparar con la transición que se vivió a Sudáfrica al principio de los años 90, después del fin del apartheid. En un mensaje en la nación, ayer el presidente lamentó que "El camino de la violencia nos lleva a más pobreza, más paro y más pérdida de vidas inocentes. Eso no es lo que somos como pueblo".
Despliegue de 2.500 soldados
Según el último balance hecho por la policía sudafricana, el número de víctimas mortales ascendía a 72, 45 de los cuales en Gauteng y 27 en KwaZulu-Natal. Hoy, la jornada ha seguido fuera de control en varios puntos del país a pesar de haber un despliegue de 2.500 soldados para dar apoyo a una policía que se ha visto totalmente sobrepasada desde los primeros ataques hasta hoy. Por eso mismo, el jefe de gobierno de la región de Gauteng, David Makhura ha reconocido en la prensa que no puede decir que la situación esté controlada, ya que los saqueos continúan.
Por la mañana, en una rueda de prensa, el ministro de Seguridad sudafricano, Bheki Cele, había subrayado que "ningún malestar o circunstancias personales" daban "el derecho a nadie a saquear, llevar a cabo actos vandálicos, hacer lo que quieran e incumplir la ley". Cele, que en los últimos días fue objeto de duras críticas por la incapacidad de las fuerzas de seguridad de prever y gestionar la ola de vandalismo, advirtió también que los numerosos afectados por los incidentes tampoco se tenían que tomar ahora la justicia por su cuenta.
Zuma, condenado a 15 meses de prisión
Los incidentes empezaron el viernes pasado en KwaZulu-Natal, provincia natal del expresidente Jacob Zuma, quien el pasado 29 de junio había sido condenado a 15 meses de prisión por desacato judicial después de haberse negado repetidamente a declarar por corrupción. Aunque el exmandatario se entregó pacíficamente a las autoridades a última hora del miércoles, Zuma había estado insistiendo previamente en decir que era víctima de una persecución política y judicial y en que la pena de prisión sería para él una "sentencia de muerte". En este contexto, sus simpatizantes salieron a cortar carreteras como muestra de apoyo.
En los siguientes días, las protestas se extendieron y al llegar el fin de semana se habían transformado ya en una auténtica ola de disturbios, que más allá de los motivos políticos están relacionados con problemas sociales preexistentes, como la extrema desigualdad, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el descontento por la pandemia de la covid-19, que se encuentra inmersa en una tercera ola marcada por la variante delta.