El año 2024 marcó un nuevo récord en el número de ejecuciones en el mundo. En concreto, se efectuaron 1.518, la segunda cifra más alta desde el 2015, e Irán, Arabia Saudí e Iraq se sitúan al frente del ranking, según los datos distribuidos por Amnistía Internacional (AI). Sin embargo, alertan de que no se tienen los datos de grandes perpetradores como China, Corea del Norte o Vietnam. La organización ha indicado, en su informe “Condenas a muerte y ejecuciones 2024”, que la cifra del año pasado es ligeramente inferior a la de hace diez años, cuando hubo al menos 1.634 ejecuciones. Los datos corresponden a solo 15 países, la cantidad más baja por segundo año consecutivo, dado que cada vez hay más gobiernos que eliminan este tipo de castigo. Amnistía Internacional apunta que actualmente hay 113 estados que han abolido totalmente la pena de muerte, y otros 145 que lo han eliminado, bien por ley o en la práctica.
Los países con más penas de muerte
De las 1.518 ejecuciones contabilizadas en 2024, un 91% se llevaron a cabo en Irán, Iraq y Arabia Saudí. En concreto, Irán ejecutó al menos a 972 personas, 119 más que en 2023, lo que representa un 64% del total conocido, mientras que Arabia Saudí duplicó su cómputo anual, de 172 a unos 345 ciudadanos. Por su parte, Iraq casi cuadruplicó sus ejecuciones, de al menos 16 en 2023 a un mínimo de 63 el año pasado. Con respecto a Estados Unidos, en todo el 2024 se ejecutaron 25 personas, enfrente de las 24 del año anterior, según señala el informe, la tendencia ha ido al alza desde el final de la pandemia de la covid.
Desde de Amnistía Internacional denuncian que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo entre los dirigentes que esgrimieron la pena de muerte como arma política “al invocarla como vía para proteger a la gente de violadores, asesinos y monstruos promoviendo la falsa narrativa que este castigo tiene un efecto disuasivo especial sobre la delincuencia”. La secretaria general de AI, Agnès Callamard, ha señalado que “los que se atreven a desafiar a las autoridades se enfrentaron a los castigos más crueles, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se utiliza para silenciar a los que tienen la valentía de subir la voz”. Callamard también ha denunciado que “más del 40% de las ejecuciones del 2024 se llevaron a cabo ilegalmente, ya que, que fueron por delitos relacionados con drogas”. “Según el derecho internacional, el uso de la pena de muerte tiene que restringirse a los delitos más graves, y las condenas por delitos de drogas no cumplen este requisito”, ha afirmado.
El informe señala que las ejecuciones por este motivo fueron frecuentes en China, Irán, Arabia Saudí, Singapur y probablemente en Vietnam. En concreto, China sigue siendo el país del mundo con mayor tasa de ejecuciones —se estima que a lo largo del 2024 se han registrado miles en el gigante asiático—, si bien esta práctica constituye un “secreto de Estado” y el gobierno no ofrece datos sobre este tema. En Europa, Bielorrusia es el único país que hace uso de la pena capital, mientras que Rusia y Tayikistán han mantenido sus moratorias.
Los métodos más utilizados
Los métodos más utilizados para llevar a cabo las 1.518 ejecuciones registradas van desde la decapitación (en Arabia Saudí) hasta la asfixia con gas nitrógeno (Estados Unidos), pasando por el colgamiento (Egipto, Iraq, Irán, Kuwait, Singapur y Siria), la inyección letal (China, Estados Unidos, Vietnam) y armas de fuego (Afganistán, China, Corea del Norte, Omán, Somalia y Yemen). Callamard se ha referido a esta práctica como “cruel, inhumana y degradante”. El informe apunta que algunos países del Oriente Medio utilizan la pena de muerte para “silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas”. “Los que se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos”, ha afirmado Callamard. Las autoridades saudíes han seguido utilizando la pena de muerte como arma para hacer callar la disidencia política y castigar a la ciudadanía de la minoría chií que reside en el país y que dio apoyo a las protestas “antigubernamentales” que se produjeron entre 2011 y 2013.
Otros países como República Democrática del Congo (RDC) han anunciado su intención de reanudar las ejecuciones, una medida a la que también se han sumado las autoridades de Burkina Faso, que han abogado para restablecer esta práctica para penar delitos comunes. En paralelo, durante el 2024 entró en vigor en Zimbabue una ley que abole la pena de muerte para delitos comunes.