España ha denunciado en La Haya la "discriminación institucionalizada" de Israel a Palestina, en el marco de las vistas sobre la ocupación israelí y el derecho a la autodeterminación de los palestinos. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) culmina así una semana de audiencias a 52 Estados para analizar las consecuencias legales de las prácticas y políticas israelíes en Palestina, con el objetivo de emitir una opinión jurídica solicitada por la Asamblea General de la ONU. El estado español ha sido uno de los últimos países a intervenir, defendiendo que el tribunal tiene jurisdicción para emitir esta opinión consultiva.
En su discurso de este lunes, el Gobierno ha denunciado "la estructura de discriminación institucionalizada" aplicada por Israel en los territorios palestinos ocupados y ha enumerado varias violaciones del derecho internacional por parte de las fuerzas israelíes —cómo es la detención de niños palestinos—. El diplomático español Emilio Pin ha subrayado que tanto Israel como Palestina están "obligados a seguir el derecho internacional", advirtiendo que las fuerzas israelíes violan numerosos derechos tanto civiles como políticos de los palestinos a los territorios ocupados. "Los palestinos en los territorios palestinos ocupados están sujetos a un sistema de fragmentación jurisdiccional en el contexto de una estructura de discriminación institucionalizada. Los tribunales militares israelíes imponen la ley militar a los palestinos, mientras que los tribunales israelíes aplican la ley civil israelí a los israelíes, incluidos los colonos", ha advertido Pin.
Israel y la detención de niños palestinos
El diplomático español ha recordado que las fuerzas israelíes a menudo detienen a individuos "sin cargos ni juicio, en lo que ha sido denominado detención administrativa, que solo es permisible bajo circunstancias muy estrictas y siempre tiene que hacerse de acuerdo con la protección otorgada bajo el derecho internacional". Además, ha enumerado varios derechos violados por las fuerzas israelíes, como el derecho al trabajo, a la protección y asistencia otorgada a la familia, a niños y jóvenes, así como el derecho a un nivel de vida adecuado.
Pin ha insistido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige respetar y garantizar el derecho establecido en este tratado "a cada niño", y ha mencionado como de "particular preocupación" lo que ha definido como "la detención interrogatorio, procesamiento y encarcelamiento de numerosos niños palestinos por fuerzas de ocupación israelíes", una práctica contraria a esta convención. También ha denunciado "las restricciones a la libertad de movimiento de los habitantes" de los territorios ocupados y las "dificultades crecientes por acceder a los servicios de salud, instalaciones educativas y fuentes de agua, impidiendo el ejercicio de las personas concernidas del derecho a la salud, educación, agua, saneamiento y un nivel de vida adecuado". Finalmente, ha advertido que todas estas violaciones del derecho internacional "no se pueden justificar ni por exigencias militares ni por requisitos de seguridad internacional o el orden público", y ha recordado que la Convención de Ginebra es "aplicable a cualquier territorio ocupado en caso de un conflicto armado" —incluidos los territorios ocupados por Israel—.