España incumple, o lo hace de manera insatisfactoria, las 19 recomendaciones que el Consejo de Europa hace desde junio del 2019 por luchar contra la corrupción de los altos cargos del gobierno central y de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Estado (GRECO) ha anunciado este miércoles que, en la sesión plenaria que celebrará del 2 al 5 de junio, examinará el informe que reclamó en España antes del 31 de diciembre del 2024 ante estos incumplimientos (13 parciales y 6 totales), y en función del resultado. Además, se ha enviado una carta al representante español ante este organismo de defensa de la democracia y de los derechos humanos para llamarle la atención sobre estos incumplimientos y para que tome "medidas decididas con vistas a conseguir progresos tangibles cuanto antes mejor".
Así, ha pedido en España que preste "más atención" a la situación particular de los asesores políticos y las "áreas específicas de riesgo de intereses conflictivos y corrupción". También exige mejoras en "la divulgación financiera, la regulación del lobby, las puertas giratorias cuando los funcionarios del gobierno dejan sus funciones para trabajar al sector privado".
¿Qué dicen los informes?
El Consejo de Europa reclama en España una reforma "más amplia" del estatuto del fiscal general en plena polémica por el caso de la pareja de la dirigente popular Isabel Díaz Ayuso. En un informe del 21 de junio del 2024 hecho público este miércoles, se pedía una revisión general del estatuto, especialmente del sistema de nombramiento del fiscal y la "transparencia" en sus comunicaciones con el gobierno. Con el acuerdo del PP y el PSOE sobre el poder judicial del 25 de junio se acabó modificando el régimen de incompatibilidades del fiscal general, pero quedan pendientes varias recomendaciones del Consejo de Europa para reforzar la "percepción de independencia" de esta figura, destaca la ACN.
En este sentido, la evaluación del GRECO también avisa de que la recomendación para mejorar la independencia, transparencia y autonomía del Fiscal General en el Estado solo se ha cumplido "parcialmente". Con el acuerdo para el CGPJ se modificó el régimen de incompatibilidades de esta figura, pero el Consejo de Europa pide más. El GRECO quiere que España "reconsidere" el método de elección y el periodo de mandato del Fiscal General; establezca "requisitos y procesos claros" para "aumentar la transparencia" en las comunicaciones del fiscal con el gobierno; y explore "nuevas maneras para dar más autonomía" en el ministerio fiscal.
El grupo celebra en el informe que desde el ejecutivo español estuviera revisando el sistema de elección y la autonomía de la fiscalía y que tuviera previos comunicar cambios con respecto a la cuestión de las comunicaciones. En la fecha de publicación del informe (21 de junio del 2024), pero no se había informado el Consejo de Europa de ningún cambio. De esta manera, el GRECO constata que todavía no se ha modificado el Estatuto Orgánico de la Fiscalía (OSPS) y solo recuerda que la "reforma prevista incluiría" cambios específicos en tres frentes: autonomía presupuestaria, normativa y formativa; la regulación transparente de las comunicaciones entre el gobierno y el fiscal general, y la duración del mandato del fiscal general (de manera que no coincida con el mandato del gobierno).
Por todo ello, el GRECO advierte en sus conclusiones del informe que la relación entre la Fiscalía General y el ejecutivo es un tema que sigue preocupando la ciudadanía" por la "percepción de independencia" del fiscal general. Así, insta a las autoridades a hacer una reforma "más amplia" del estatuto del fiscal general para modificar el sistema de nombramiento del fiscal general y reforzar su autonomía. El actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es investigado judicialmente por supuesta revelación de secretos después de la filtración contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
España saca pecho y defiende el cumplimiento
El gobierno español defendió este miércoles el cumplimiento de las recomendaciones lanzadas del GRECO. Según ha indicado en un comunicado, de las 30 recomendaciones recibidas en las últimas dos rondas de evaluación, 24 se consideran completas total o parcialmente. En el caso de la IV ronda de evaluación –referente a 2024 y centrada en la prevención de la corrupción en diputados, jueces y fiscales–, el ejecutivo apunta a que el mismo grupo consideró implementadas diez de las once propuestas.