La Corte Penal Internacional ha emitido este martes órdenes de detención contra el exministro de Defensa ruso Serguéi Shoigú y el jefe del Estado Mayor del ejército, Valeri Gerasimov, por su responsabilidad en posibles crímenes de guerra en el marco de la invasión de Ucrania, que empezó el mes de febrero del 2022, por orden expresa del presidente del país, Vladímir Putin.
El organismo, tal y como menciona Europa Press, ha indicado que Shoigú y Gerasimov serían responsables de "crímenes internacionales" cometidos "al menos" entre octubre del 2022 y marzo del 2023, incluyendo su papel en presuntos crímenes de guerra por ataques contra objetivos civiles y crímenes contra la humanidad por "actos inhumanos" en el marco de la guerra.
"Hay motivos razonables para creer que tienen responsabilidad penal individual por crímenes mencionados", ha indicado, ya sea "para cometer los actos al lado de otros" o bien para "ordenar ejecutar estos crímenes" o "su fracaso a la hora de ejercer un control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando" en el marco de la invasión del país vecino.
"Durante este periodo, se llevaron a cabo un gran número de ataques contra numerosas centrales eléctricas y subestaciones", según ha señalado la sala. Así, constata que se tienen "motivos razonables" para pensar que estos bombardeos "estuvieron dirigidos para objetivos civiles". De esta manera, la sala ha especificado que "uno de los objetivos centrales del Derecho Internacional Humanitario es la protección de los civiles en conflictos armados", y ha resaltado que, durante su análisis de los hechos, "tiene que considerar si la presunta conducta se ha ajustado al principio de distinción que prohíbe el uso de la fuerza armada cimbra civiles y otras personas protegidas".
"La II Sala de Cuestiones Preliminares también ha determinado que la supuesta campaña de bombardeos constituye una forma de conducta que implica la múltiple comisión de actos contra la población civil, llevados a cabo en línea con una política estatal," ha argumentado, antes de insistir en que "hay motivos razonables para creer que los sospechosos causaron de forma intencionada un gran sufrimiento y daños graves a nivel físico o psicológico", por lo cual serían responsables de crímenes contra la humanidad.
De esta manera, Shoigú y Gerasimov se suman a la comisaría presidencial para los Derechos de la Infancia de Rusia, Maria Lvova-Belova, sobre los que pesan órdenes de detención por parte del CPI desde marzo del 2023 por presuntos crímenes de guerra por la deportación forzosa de niños ucranianos desde zonas ocupadas del país europeo, aunque, por ahora, no han sido detenidos ni entregados al tribunal.