Apple y el FBI se enfrentan por un teléfono –un 5C, el más modesto de la marca– en una batalla legal y política que definirá los límites de la protección de la privacidad y el perímetro de las competencias del Estado para acceder a datos personales, quiera o no su propietario.

El gigante informático se resiste desde este miércoles a una orden judicial que le obliga, a instancias de la policía federal, a fabricar un nuevo software sólo para desencriptar el móvil de Syed Farook, uno de los militantes islamistas que, con su mujer, mataron a 14 personas en una clínica de San Bernardino (California), el pasado 2 de diciembre.

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, en una carta de 1.100 palabras, explica a sus clientes, que si obedecen el auto, violarán los compromisos de privacidad adquiridos con sus clientes. "Irónicamente", dice, "nos obliga a encargar a nuestros ingenieros que abran una 'puerta de atrás'" para saltarse el cifrado que ellos mismos programaron "para proteger a nuestros usuarios". Apple quiere recurrir la orden judicial la semana que viene.

'The Blacklist'

"El gobierno no ha podido cerrar la investigación porque no puede acceder al contenido encriptado del iPhone", explican en su demanda los abogados del FBI. "Sólo Apple tiene los medios técnicos exclusivos que podrían ayudar al gobierno (...) pero se niega a proveer asistencia voluntariamente", añaden. El Departamento de Justicia de los EE.UU. "lamenta" que Apple no quiera colaborar en "un caso tan grave de terrorismo".

Los técnicos de la policía federal han agotado los intentos para hacer saltar el sistema de protección de datos del teléfono y se arriesgan a que borre todos los datos, función que se activa automáticamente en el sistema operativo iOS8 y superiores.

Todo es digno de un episodio de la serie The Blacklist. El debate que se ha desatado es colosal.

Google al rescate

El mundo político se ha posicionado contra Apple. La Casa Blanca, el Fiscal General (el ministro de Justicia) y la mayoría de legisladores que han hablado, tanto republicanos como demócratas, lamentan la resistencia del fabricante. El equipo de asesores en seguridad nacional de Obama siempre ha favorecido la posición dura del FBI, aunque el presidente ha frenado, hasta ahora, cualquier iniciativa legislativa en esta línea.

Apple, sin embargo, no está sola. El presidente de Google les ha apoyado este jueves:

Google es el propietario de Android, el sistema operativo del 83% de los móviles del mundo (el iOS de Apple supone un 14%).

Dave Maas, de la Electronic Frontier Foundation, una entidad privada de protección de las libertades a internet, aporta una argumentación del fiscal general de George Bush Jr, el halcón John Ashcroft:

¿Peor el remedio?

Entre los que piden a Apple que no se enroque, el argumento es que el FBI sólo pide que se intervenga una sola vez y en este caso concreto. Negarse, añaden, sólo agravará el problema, provocando que se apruebe nueva legislación que será permanentemente perjudicial para las empresas y los consumidores. Esa nueva legislación, temen, podría obligar a los fabricantes a incluir una "puerta trasera" en todos los nuevos aparatos.

Apple argumenta también que el software que pide el FBI ya no existe para la mayoría de sus teléfonos. En septiembre del 2014, la marca de la manzana decidió no guardar más las claves de encriptación de sus teléfonos y codificar su software de seguridad. El fabricante ya no tiene ningún control sobre los datos que el usuario genera y/o almacena. Esta condición, sin embargo, no afecta al teléfono del terrorista, que es de un modelo anterior.

Mal precedente

El gran temor de Apple (y de Google) es abrir un precedente legal que avale prácticas cada vez más intrusivas del gobierno y de sus agencias sobre los datos de los consumidores.

Todas las compañías del sector están muy escaldadas de su colaboración (voluntaria o no) con los gobiernos desde que Edward Snowden y The Washington Post descubrieron que la inteligencia de los EE.UU. y del Reino Unido tenían acceso a los datos de los usuarios de las nueve principales compañías de internet: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube y Apple.

La reacción de los usuarios ha sido pedir una encriptación más fuerte de los datos, que es lo que los fabricantes han hecho hasta ahora, además de pedir que se limite la capacidad de vigilancia de datos privados del gobierno de los EE.UU. Sólo en influir entre los políticos en Washington, Apple gastó el año pasado 4,9 millones de dólares. Google, otros 16,6 millones.