El Tribunal Supremo de Estados Unidos se prepara para revocar el derecho al aborto, en vigor en el país en desde 1973, según la insólita filtración de un borrador de la máxima instancia judicial publicado este lunes por el portal Politico. Este medio cita un borrador con el dictamen mayoritario del Supremo, firmado por el magistrado Samuel Alito. Junto a Alito habrían acordado revocar el derecho al aborto en el país los magistrados Clarence Thomas y los tres propuestos para el máximo tribunal por el expresidente Donald Trump (2017-2021): Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett. La máxima instancia judicial del país cuenta con seis jueces conservadores y tres liberales.
"Es hora de acatar la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo", señal el documento. Al tratarse de un borrador, sin embargo, la decisión aún podría cambiar y no se espera un veredicto oficial hasta junio. La filtración de una decisión del Supremo sobre un tema tan controvertido y aún en discusión es un hecho sin precedentes en la historia reciente de EE. UU. El aborto ha sido legal en EE. UU. desde que en 1973 el Supremo dictaminara que el Estado no tiene derecho a intervenir en la decisión de la mujer sobre su embarazo. En la última década, numerosos estados liderados por conservadores han aprobado normas que violan abiertamente esos parámetros, con el objetivo declarado de conseguir que el Supremo revisara y anulara el precedente de hace casi medio siglo.
Biden prepara una respuesta
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reaccionado a esta posible decisión del Tribunal Supremo. El demócrata ha avisado que está preparando "una respuesta" para poder defender este derecho en el caso de que finalmente sea ilegalizado. A través de un comunicado, Biden ha explicado que ha ordenado a los abogados de la Casa Blanca plantear "opciones para una respuesta de la Administración al ataque continuo contra el aborto y los derechos reproductivos". "El derecho de una mujer a elegir es fundamental, Roe ha sido la ley del país durante casi 50 años y la equidad exige que no sea anulada", ha indicado el mandatario norteamericano. Paralelamente, Joe Biden ha hecho un llamamiento a votar a representantes que sean favorables a este derecho en las próximas elecciones legislativas, que se tienen que celebrar en el mes de noviembre de este año. En definitiva, el demócrata ha emplazado a los americanos a proporcionar una "mayoría" en la Cámara de Representantes que les permita aprobar una legislación que proteja el derecho a la interrupción.
España avanza en derechos de las mujeres
Acosar a una mujer que va a una clínica para interrumpir voluntariamente su embarazo o a los profesionales que los realizan es delito desde el pasado 14 de abril, castigado con una pena de entre tres meses y un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad. La reforma del Código Penal, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), castiga a quien "obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" y asedie a una mujer "mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad". También quien asedie a los profesionales sanitarios que realizan abortos y los directivos de los centros habilitados para interrumpir el embarazo, ante los cuales suelen concentrarse miembros de asociaciones provida.
La ley considera "imprescindible garantizar una zona de seguridad" en torno a estos centros para garantizar la intimidad de las mujeres, su libertad y su seguridad física y moral, así como sus derechos sexuales y reproductivos. Para perseguir este acoso no será necesaria la denuncia de la persona ofendida y, según la gravedad del caso, el tribunal podrá imponer también al condenado la prohibición de ir a determinados lugares durante un periodo de entre seis meses y tres años. En la ley se destaca que se siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que pidió asegurar la confidencialidad de las mujeres que deciden abortar, y se recoge en un informe de 2018 de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo que alertaba que miles de mujeres se habían visto "increpadas, insultadas, coaccionadas o amenazadas de alguna manera" al ir a estos centros. La norma, impulsada por el grupo parlamentario socialista, fue aprobada el pasado 6 de abril en el Senado con la oposición del PP y Vox.
La nueva ley del aborto que plantea el Gobierno permitirá que las mujeres de entre 16 y 18 años puedan hacerlo sin el consentimiento paterno. En una comparecencia a finales de febrero, Montero dijo que hay que garantizar que puedan acceder "de forma autónoma" y, por eso, se eliminará este requisito que introdujo el PP. "Igual que son responsables para trabajar y mantener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos", dijo la titular de Igualdad. Montero también afirmó que la nueva norma eliminará la obligación de reflexionar durante tres días antes de abortar y aseguró que las mujeres lo podrán hacer "sin ningún tipo de obstáculo". Además, la ministra de Igualdad ha dicho que garantizará que todos los hospitales públicos cuenten con profesionales que practiquen abortos. "La objeción de conciencia tiene que ser compatible con el derecho al aborto", argumentó. Montero subrayó que el texto será un "cambio de paradigma" en la visión sobre la salud de la mujer para que no esté centrada en la gestación e incorpore el "disfrutar" de la sexualidad y el respeto a todas las preferencias sexuales.