El fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya, Karim Khan, ha solicitado este lunes en el tribunal que emita órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y contra el líder de Hamás, Yahya Sinwar, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en contexto de la guerra que entregan el grupo politicomilitar islamista y el Estado hebreo en la Franja de Gaza, un nuevo episodio del histórico conflicto palestino-israelí que se ha cobrado ya la vida de más de 35.000 personas. La solicitud de Kan incluye también el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y altos cargos de Hamás como el líder de las Brigadas Al Qassam, Mohammed Diab Ibrahim en el Masri, y el responsable de la oficina política del grupo islamista, Ismail Haniye.

Con respecto a los líderes de Hamás, Khan los considera "penalmente" responsables de "crímenes de guerra y lesa humanidad" cometidos en territorio de Israel y de Palestina desde al menos el 7 de octubre de 2023, lo que incluye "el asesinato de centenares de civiles israelíes" en los ataques terroristas perpetrados por el grupo armado islamista el 7 de octubre, así como "la toma de al menos 245 rehenes", lo que fue la chispa que hizo estallar este nuevo avivamiento cruento del conflicto entre ambos países. El fiscal también señala la "violación y otros actos de violencia sexual", "tortura", y "tratamiento cruel en el contexto de cautiverio" contra los rehenes.

En cuanto a Israel, el fiscal pide órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos "en el territorio del Estado de Palestina desde al menos el 8 de octubre de 2023", es decir, el día posterior al ataque de Hamás a Israel y momento a partir del cual el Estado hebreo inició la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza que todavía continúa después de siete meses y que se ha llevado la vida de unos 35.000 civiles palestinos. Entre los crímenes de los cuales responsabiliza a los dos mandatarios israelíes está el uso del hambre como "método de guerra" contra los civiles, el "asesinato intencionado", "exterminio","persecución, causar voluntariamente gran sufrimiento y heridas graves" y "otros actos inhumanos".

Crímenes contra la humanidad "sistemáticos" de Israel sobre Palestina como "política de Estado"

"Mi Oficina sostiene que las pruebas que hemos recopilado, incluidas entrevistas con supervivientes y testimonios, material de vídeo, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones del grupo de presuntos perpetradores, muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana", argumenta Khan. En este sentido, el fiscal asegura que estos crímenes de guerra de Israel sobre Palestina se han producido de forma "generalizada y sistemática, en la línea de una política de Estado" y que "continúan ahora mismo".

Además, el fiscal subraya que las solicitudes presentadas hoy a los jueces son "resultado de una investigación independiente e imparcial" de su oficina, guiada por la "obligación de investigar pruebas incriminatorias y exculpatorias por igual" de forma "meticulosa" para "separar afirmaciones de hechos". El Tribunal Penal Internacional de La Haya tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. Tiene 124 miembros, entre los cuales no está Israel, que, además, no reconoce la investigación que los juristas internacionales están haciendo sobre sus acciones en los territorios palestinos ocupados.

Difícil ejecución, quedan fuera de la jurisdicción del Tribunal

Con todo, los acusados quedan fuera de la jurisdicción del TPI. De acuerdo con el Estatuto de Roma, el tribunal no puede juzgar sin que los encausados se sienten en el banquillo y, sin embargo, la corte no cuenta con capacidad de ejecutar un arresto, de forma que los 124 países que reconocen la legitimidad de La Haya —entre los cuales tampoco está Estados Unidos—, serían los que tendrían que entregar Netanyahu, Gallant y los líderes de Hamás en caso de que pisaran su territorio. Prueba de esta limitación es el presidente ruso, Vladímir Putin, con una orden de arresto desde marzo del 2023 por el traslado de niños ucranianos a los cuales que no ha podido ejecutarse.