La Fiscalía de Corea del Sur ha anunciado la imputación por insurrección del presidente suspendido, Yoon Suk-yeol, en el marco de la investigación por la fallida declaración de ley marcial que decretó el pasado 3 de diciembre. Una decisión que generó una histórica tormenta política en el país asiático. Después de varios intentos de detención por parte de las autoridades surcoreanas, Yoon Suk-yeol fue arrestado el pasado miércoles, 15 de enero, en su residencia, después de negarse en varias ocasiones a responder ante el tribunal y la orden de arresto expiraba en cuestión de horas. Yoon se enfrenta, según el pliego de cargos recogidos por la agencia oficial de noticias surcoreana, Yonhap, a una acusación de conspirar con el entonces ministro de Defensa, Kim Yong Hyun, para incitar a una insurrección a través de la declaración de la ley marcial y del despliegue de fuerzas militares en la Asamblea Nacional, el Parlamento surcoreano, para impedir que los diputados tumbaran el decreto, como acabó sucediendo al cabo de pocas horas.
Con la acusación de la Fiscalía, el presidente surcoreano se ha convertido en el primer presidente del país imputado por insurrección bajo detención y suspensión de funciones. El mandatario, que todavía es considerado como el presidente hasta que el Tribunal Constitucional del país decida el contrario.
Extensión de la detención
La Fiscalía volvió a solicitar este sábado la extensión de la orden de detención del presidente surcoreano suspendido, que expira el próximo martes, 28 de enero. La Fiscalía presentó esta petición ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl solo unas horas después de que esta instancia denegara una solicitud similar. La nueva solicitud pretende prorrogar el arresto de Yoon diez días más, hasta el 6 de febrero, igual que la rechazada por el tribunal de Seúl y después de que la Oficina de Investigación de Casos de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CÍO por sus siglas en inglés) transfiriera el caso a la Fiscalía el pasado jueves. La Fiscalía considera que "hay necesidad de una extensión del periodo de detención" con la intención de hacer investigaciones suplementarias, en la misma línea que otros casos enviados por la CÍO y según lo que establece la ley penal.
El juez, que ha rechazado la extensión de la detención, argumentó la "falta de causa probable" el conjunto de pruebas que justifican una detención de cara a continuar con la investigación. El jueves pasado, la CÍO instó a la Fiscalía que solicitara la imputación de Yoon por un delito de insurrección y abuso de poder, una cosa para la que el ente anticorrupción no tiene competencia.
La ley de Corea del Sur establece que un sospechoso sobre el cual no pesa una acusación formal puede estar bajo arresto un máximo de 10 días, y los investigadores pueden solicitar una posible extensión de otros 10 días. De esta manera, los fiscales encaran una carrera a contrarreloj, ya que disponen de tan solo dos días para tratar de interrogar al presidente, que se ha negado a declarar delante la CÍO. Por su parte, los abogados de Yoon han reclamado su liberación inmediata.