Un juego de apariencias. La fiscalía de Nueva York ha demandado al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sus tres hijos mayores y la empresa familiar por fraude fiscal, según el cual habrían mentido sobre su situación económica para obtener préstamos, beneficios de seguros y pagar impuestos más bajos. Más concretamente, el ministerio público pide una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de la familia y una restricción a la compra de inmuebles para el próximo año.
Trump, acusado de "mentir al sistema"
La fiscal de Nueva York, Letitia James, ha explicado en un hilo en Twitter que Trump cometió "fraude fiscal" entre 2011 y 2021 y que el estado busca una compensación de 250 millones de dólares. "Encontramos que Trump, su familia y la Organización Trump utilizaron valoraciones de activos fraudulentas y engañosas unas 200 veces en el transcurso de 10 años en sus declaraciones financieras anuales. Estas declaraciones se usaron para conseguir centenares de millones de dólares en préstamos y coberturas de seguros", ha detallado. En una nota de prensa, la fiscal ha acusado Trump de ayudarse de sus hijos Donald Jr., Eric e Ivanka y altos ejecutivos de su empresa para "hinchar y desinflar ilegalmente su patrimonio neto en miles de millones" de dólares con la finalidad de enriquecerse y "mentir al sistema".
Mentir para pagar menos
"No hay dos leyes para la gente de esta nación: los expresidentes tienen que cumplir los mismos estándares que los americanos cotidianos," ha remachado la fiscal en el mensaje en Twitter. Según las acusaciones, la empresa familiar del expresidente supuestamente indujo los bancos a prestarle dinero en condiciones más favorables de las que hubiera obtenido sin este modus operandi, y en las aseguradoras a darle mejor cobertura por cuotas más bajas, además de acogerse a ventajas fiscales, de acuerdo con la nota. Las acusaciones que James ha llevado al Tribunal Supremo del estado, son resultado de una investigación profunda por la vía civil que se ha alargado tres años, todo en una batalla legal en la cual el expresidente ha intentado obstaculizar y retrasar los requerimientos de declaración o entrega de documentos.
Al principio de agosto, se presentó ante la fiscal para atestiguar en esta cuestión por orden de un juez, pero se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución, la cual permite a uno investigado guardar silencio para evitar incriminarse a sí mismo. Aparte de interponer la demanda, la fiscal ha recomendado abrir diligencias penales al Departamento de Justicia y al servicio federal de recaudación de impuestos, hecho que podría frustrar las perspectivas de un retorno político para Trump, que podría aspirar a una nueva candidatura presidencial en 2024.