La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, ha anunciado este lunes ante el Congreso que ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y tres de los ministros que formaban parte de su gobierno por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, entre otros. Concretamente, al escrito, la Fiscalía apunta en Castillo como presunto "coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional-rebelión" y, alternativamente, por el "delito contra los poderes del Estado y la orden constitucional-conspiración".
Benavides indica que el expresidente, que sigue detenido después del intento de golpe de Estado del pasado miércoles, también sería el presunto autor de un delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública en la modalidad de grave perturbación de la tranquilidad pública. El anuncio de Pedro Castillo de disolver el Congreso fue un "acto arbitrario", a juicio del Ministerio Fiscal, que choca con el artículo 118 de la Constitución del Perú. También se le acusa de atentar contra la separación de poderes y de injerencia en la autonomía del Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, dado que anunció su intención de "reorganizar" estos órganos. Desde la Fiscalía, señalan que los movimientos de Pedro Castillo tenían como objetivo "evitar las investigaciones por corrupción seguidas contra él, así como el procedimiento de moción de censura presidencial, hecho que evidenciaría el uso abusivo de sus facultades constitucionales con el fin de conseguir impunidad". A todo ello, hay que sumar que el exmandatario peruano anunció que conformaría un ejecutivo de emergencia que gobernaría a través de decretos y también que convocaría una asamblea constituyente.
Decretado el estado de emergencia en el sur de Perú
Las otras personas que también han sido denunciadas por la fiscal general son Betssy Chávez, que era la presidenta del Consejo de Ministros; Willi Huerta, exministro del Interior; y Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo. También se les investiga por ser presuntos coautores de los delitos de rebelión y conspiración. Este anuncio de la Fiscalía llega unas horas después de que la cámara legislativa aprobara una resolución para levantar el aforo a Castillo, hecho que evita que tenga que pasar por un antejuicio político, que sería la fase previa que habría que hacer para retirarle la inmunidad. La resolución aprobada por el Congreso no ha estado exenta de tensión: un diputado que defendía la gestión de Pedro Castillo ha agredido a uno de los parlamentarios que está en contra. En las calles, centenares de manifestantes han ocupado las pistas del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, situado en la ciudad de Arequipa, y reclaman cerrar el hemiciclo y que Dina Boluarte, la nueva presidenta del país, renuncie. Por su parte, la nueva mandataria ya ha decretado el estado de emergencia en el sur de Perú por las movilizaciones —que han dejado dos muertos— y ha anunciado la convocatoria de elecciones para el 2024, aunque el mandato es hasta el 2026.