El golpe de estado en Perú ha fracasado, después de que el presidente Pedro Castillo haya sido destituido y detenido. El jefe de Estado había disuelto el Parlamento este miércoles, poco antes de que se debatiera una moción de censura contra él. Pero el Congreso ha ido directamente y ha decidido destituirlo por "permanente incapacidad moral", con 101 votos a favor de 130. Además, medios peruanos como La República han asegurado que las autoridades han detenido Castillo cuando intentaba huir de Lima (la capital del país). En un comunicado conjunto, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional habían adelantado que no acatarán los actos contrarios a la orden constitucional dictados por el presidente.
Una vez la destitución de Castillo ha salido adelante, el Congreso ha citado a la vicepresidenta Dina Boluarte para que jure como nueva jefa de Estado. Boularte se había desmarcado de la decisión del presidente y había denunciado que constituía un golpe de estado. Incluso los fujimoristas del Parlamento habían propuesto que la hasta ahora vicepresidenta asumiera el cargo en sustitución de Castillo, que llegó al poder en julio del 2021 de la mano del partido de izquierdas Perú Libre — ganando la derechista Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori (que también dio un autogolpe de estado el año 1992). Ahora, Boularte será la primera gobernante de la historia del país andino.
Golpe de estado sin éxito en Perú
El Congreso de Perú tenía que debatir este miércoles una moción de censura contra el presidente, pero Castillo ha intentado evitar su destitución mediante la disolución del Parlamento, la convocatoria de elecciones parlamentarias (en un plazo máximo de nueve meses) y la instauración de un gobierno de emergencia nacional. Además, había implementado un toque de queda y decretado que todos los ciudadanos con armamento ilegal tendrían que entregarlo a la Policía Nacional en un máximo de 72 horas. Pero no ha tenido éxito: las fuerzas de seguridad han decidido no acatar las órdenes, el Congreso ha salido adelante con la moción de censura, la oposición ha denunciado el golpe o autogolpe de estado, el poder judicial ha condenado la ruptura de la orden constitucional y la gente se ha manifestado en la calle.
Visto su fracaso, Castillo ha abandonado el palacio presidencial y ha huido con un rumbo desconocido. Pero las autoridades lo han arrestado y lo mantienen detenido en la sede de la prefectura de la policía de Lima, al mismo tiempo que al Congreso lo ha destituido y ha citado a la vicepresidenta Boularte para que jure como nueva jefa de Estado. Una de las legisladoras que a menudo había dado apoyo a la permanencia del presidente en el poder, la izquierdista Ruth Luque, ha denunciado que la decisión se trataba de un golpe de estado. La líder opositora Keiko Fujimori lo ha acusado de dar un "golpe desesperado" para permanecer en el cargo, mientras que la derechista Norma Yarrow ha asegurado que Castillo estaba "solo".
Dimisiones contra el golpe de estado
Los ministros de Economía, Kurt Burneo; Relaciones Exteriores, César Landa; y Trabajo, Alejandro Salas, han sido los primeros cancilleres a anunciar su renuncia y han revelado que el presidente ha tomado la decisión sin su apoyo. Los embajadores delante del OEA, Harold Forsyth; de la ONU, Manuel Rodríguez Cuadros; y de los Estados Unidos, Oswaldo de Rivero, también han presentado su dimisión. Un camino que ha seguido al abogado de Castillo, Benji Espinoza, que se ha negado a defender al presidente porque "se ha producido una ruptura de la orden constitucional".
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han decidido no acatar las órdenes de Castillo, hasta el punto que lo han detenido en Lima. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, ha rechazado "de manera enfática, toda ruptura de la orden constitucional", que se pueda presentar en el país. La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "mantenerse vigilante en defensa del estado democrático y de derecho". "Demandamos a las instituciones correspondientes mantenerse firmes en el respeto al estado de derecho y pedimos a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, a mantenerse vigilantes en defensa del estado democrático de derecho", ha dicho. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, ha pedido a las Fuerzas Armadas que trabajen para "restablecer la orden constitucional".