La Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina ha calificado a las personas con discapacidad como "imbéciles", "idiotas" y "débiles mentales" en una resolución publicada el mes pasado en el boletín oficial de la nación y que ha tenido amplia difusión este jueves. El organismo, dependiente del Ministerio de Salud del gobierno del presidente Javier Milei, ha introducido estas palabras bajo un apartado del texto titulado "Retrasos mentales", los cuales pueden ser "profundos", "moderados" o "leves", según su nivel de discapacidad, y determina que "le corresponde pensión a los que presentan debilidad mental profunda o mayor".

El surrealismo del texto lo ha llevado a viralizarse en las redes sociales, provocando la reacción de miles de usuarios, que lo han tachado de "locura" y "barbaridad". Sin embargo, entidades y ONG ya denunciaron el texto en cuanto se hizo público. Siete organizaciones argentinas de derechos humanos, que representan a las personas con discapacidad, entre las cuales está la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales, interpusieron el pasado 3 de febrero un reclamo administrativo en el que solicitaron la derogación urgente de la norma "por violar los derechos de las personas con discapacidad". En el reclamo afirman que la resolución "atenta de manera flagrante contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, [...] poniendo en grave riesgo derechos humanos fundamentales".

Pero la denuncia no se ha quedado solo aquí, ya que la abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad del ACIJ, Agostina Quiroz, ha declarado a la agencia EFE que expresiones como "idiota" o "débil mental" reproducen y refuerzan "prejuicios históricos que agudizan la discriminación de las personas con discapacidad". La letrada sostiene que "es especialmente problemático que sea el Estado quien recurra a estos discursos, dado que precisamente es quien los debe combatir."

Quiroz ha afirmado que la resolución reproduce "el modelo médico de la discapacidad, que ya estaba superado por el modelo social". Este modelo entiende la discapacidad como la interacción de la persona y las barreras en su entorno, "por lo que se pone el foco en la comunidad y en el Estado, que deben transformarse para garantizar la participación plena de las personas con discapacidad," ha añadido la abogada.