La represión militar contra el pueblo birmano a partir del golpe de estado el pasado 1 de febrero ha dejado a 521 civiles muertos, 43 de ellos menores, según la última actualización de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP). Aunque la violencia por parte de las fuerzas de seguridad de Birmania no ha hecho más que aumentar en estos dos meses, miles de personas siguen llenando las calles del país, resistiendo pacíficamente al golpe militar. Ahora, la implicación de varias guerrillas étnicas en el conflicto augura que el estallido de una guerra civil es inminente.
En los últimos días, las guerrillas étnicas denominadas Ejército de Arakan, Liberación Nacional Ta'ang y el Ejército de la Alianza Democrática Nacional han anunciado a la junta militar que se sumarán al movimiento de protesta civil si no detienen sus acciones violentas.
Ayer mismo, los militares declararon un alto al fuego unilateral, después de un bombardeo perpetrado en la zona controlada por la guerrilla de la etnia karen, cerca de la frontera con Tailandia, que dejó al menos a tres muertos civiles. Por su parte, la guerrilla denominada Ejército Independiente Kachin, una de las más potentes en Birmania, abrieron fuego contra los militares, causando la muerte de al menos 20 soldados.
El Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión (CRPH), compuesto por un grupo de diputados electos y que se autoproclaman como gobierno legítimo, han aplaudido la decisión de las guerrillas de posicionarse contra el alzamiento militar y han alentado activamente a que los grupos armados del país unan fuerzas contra el Ejército.
Monjes protestan contra el alzamiento militar en Mandalay, Birmania / Efe
Reacciones internacionales
El alzamiento militar ha recibido condenas de alrededor del mundo. La semana pasada, la UE impuso sanciones económicas contra el jefe de la junta militar, el general Min Aung Hlaing, a nueve de los cargos más altos de la junta, y al presidente de la comisión electoral. De la misma manera, los EE.UU. también han tomado medidas económicas para castigar el régimen militar.
Japón también ha anunciado la detención del flujo de ayudas al desarrollo de Birmania hasta que "se restablezca la democracia", pero sí que mantienen las ayudas humanitarias, tal como ha explicado el portavoz Katsunobu Kato.
Crida en la ONU
El Dr. Sasa, que actúa como portavoz desde el extranjero del CRPH, ha advertido que "para prevenir una guerra civil total y días, semanas y meses sangrantes", el Consejo de Seguridad de Naciones Unidad debe activar el principio de la responsabilidad de proteger para garantizar la integridad de la población.
Por su parte, la enviada especial de la ONU en Birmania, Christine Schraner Burgener, también ha exigido al Consejo de Seguridad que tome "acciones significativas" con el fin de evitar "el baño de sangre inminente" en el país.
El alzamiento militar
El parlamento de Birmania tenía previsto celebrar el pasado 1 de febrero la primera sesión de la legislatura después de las elecciones de noviembre de 2020, cuando la LND, formación de la Nobel de la Paz y líder de facto Aung San Suu Kyi, consiguió una abrumadora victoria. En vez de eso, el golpe de estado llegó pocas horas después de la detención de parte del Ejecutivo además de otros políticos y activistas. En la opinión de los militares, la LND habría manipulado los resultados de las elecciones, una acusación que ya ha quedado totalmente desmentida.
Según sus abogados, la exlíder de facto Suu Kyi se encuentra "con buen aspecto físico" a pesar de estar bajo arresto domiciliario desde su detención, una situación que ya sufrió durante 15 años en la anterior dictadura militar birmana, que duró desde 1962 hasta el 2011.
Resistencia civil
Inmediatamente después de que los militares tomaran el control, miles de ciudadanos iniciaron un movimiento de resistencia civil pacífico, primero con caceroladas y tocando el claxon, unas acciones que ahora han culminado con protestas multitudinarias y huelgas generales por todo el país.
Al principio, las fuerzas de seguridad se limitaron a contener a los protestantes con balas de goma, cañones de agua, cortes de acceso a la internet y toques de queda. No fue hasta al cabo de unos días que la violencia policial aumentó con el fin de obligar a las personas que hacian huelga a trabajar, utilizando munición real contra la población. El 19 de febrero murió la primera víctima del golpe de estado, una joven de 19 años que recibió un tiro en la cabeza mientras se manifestaba.
Desde la primera muerte, la violencia no ha hecho más que escalar. Ahora, el número de víctimas ya sobrepasa los 500, y la población no da señales de doblarse ante la junta militar.
Hoy, los manifestantes queman ejemplares de la Constitución birmana del 2008 en forma de protesta contra los militares, que la declararon anulada anoche.
Manifestantes queman la Constitución del 2008 en protesta contra la junta militar / Efe
Por otra parte, la guerra inminente ha causado el éxodo de miles de personas que huyen de la violencia, buscando refugio en Tailandia y en la India. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se pronunció ayer después del bombardeo, pidiendo a los países vecinos que acojan a los civiles que huyen de la represión busca seguridad.
Foto principal: protestas pacíficas contra la junta militar en Mandalay, Birmania / Efe