A medida que el Gobierno de Donald Trump ha intensificado su política migratoria, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han empezado a aplicar tácticas cada vez más duras para localizar y detener inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos. En las últimas semanas, se han hecho virales varios vídeos en redes sociales que muestran escenas impactantes de detenciones en que los agentes federales actúan de manera violenta y sin presentar ningún tipo de orden judicial. Las imágenes han provocado el rechazo de una parte de la sociedad norteamericana, especialmente en sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos y en la comunidad jurídica, que ven estas actuaciones como una muestra más de la deriva represiva del Gobierno republicano. De hecho, abogados y defensores de los derechos civiles han advertido que estas prácticas son propias de un estado autoritario y vulneran los principios básicos del estado de derecho.

Los vídeos que circulan por internet muestran agentes del ICE esposando sospechosos antes de formular ninguna pregunta o explicar los motivos de la detención. En ciertos casos, cuando se les pide la orden judicial correspondiente, los funcionarios callan o evitan responder. Algunos de estos incidentes han tenido lugar en espacios tan sensibles como tribunales, coches particulares o calles transitadas, y han afectado a personas sin antecedentes penales, con procesos migratorios activos o incluso familiares protegidos por el estatus de asilo. Todo ello ha contribuido a alimentar la percepción de un abuso de poder por parte del ICE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Uno de los casos que más reacciones ha generado ha sido el de Arnuel Márquez, un hombre venezolano de 33 años que fue detenido de manera violenta dentro del Tribunal de Circuito de Nashua, en el estado de New Hampshire. Las imágenes de las cámaras de seguridad compartidas por la CNN muestran como dos agentes federales lo tumban en el suelo, lo reducen y lo esposan sin más, mientras un hombre mayor que utiliza un bastón se cae accidentalmente durante la intervención. Márquez se había presentado al juzgado para responder a una acusación de conducción bajo los efectos del alcohol, conducir sin permiso y no facilitar información después de un accidente. Según la policía local, los agentes del ICE intentaron arrestarlo en el ascensor de manera discreta, pero él habría intentado huir. ¡La tensión fue tal que varios testigos aseguran haber oído gritos como "deténte!" y un fuerte golpe contra el suelo. En el momento de la intervención, ninguna orden de detención había sido presentada y, hoy por hoy, Márquez se encuentra en un centro del ICE en Tejas, lo que ha puesto el caso bajo la lupa por posibles irregularidades.

Otra situación especialmente polémica es la vivida por Juan Francisco Méndez, un inmigrante guatemalteco residente en Massachusetts que viajaba con su esposa, Marilú, cuando su vehículo fue interceptado por los agentes del ICE. Según ha relatado Marilú Méndez a los medios locales, los funcionarios les siguieron con varios vehículos y, una vez rodeados, empezaron a gritar y actuar con una fuerza desmesurada. Un vídeo grabado por ella misma muestra como un agente federal rompe una ventana del coche con un mazo antes de obligarlos a salir del vehículo.

Los agentes aseguraban estar buscando a otra persona —"Antonio", según gritaron reiteradamente—, pero Juan Francisco no respondía a este nombre. Sin embargo, lo detuvieron. Su abogado, Ondine Galvez Sniffin, ha confirmado que Méndez se encuentra en proceso de regularización de su estatus migratorio y que no tiene ningún antecedente penal. Su esposa, que sí que disfruta de asilo, ha insistido en que estaban siguiendo los canales legales y que habían contactado con su abogado en el momento de los hechos, y pidió a los agentes que no actuaran hasta la llegada del representante legal. Sin embargo, los agentes del ICE no esperaron, rompieron el cristal y arrestaron a Méndez sin mostrar ninguna orden judicial.

"No hace falta mostrar" ninguna orden judicial

El pasado 31 de marzo se dio otro caso que ha generado indignación pública. Se trata de la detención de Elsy Noemi Berrios, una madre salvadoreña de 52 años que fue arrestada delante de su hija mientras se dirigían juntas al trabajo. El vídeo grabado por la chica de 18 años muestra como los agentes federales exigen que Berrios salga del vehículo, pero ella se niega y pide a cambio que le muestren una orden judicial. Uno de los agentes le responde fríamente que "no hay que mostrarla". Poco después, rompen la ventana del conductor y retiran a la mujer fuera del vehículo, y la esposan mientras su hija llora y les reclama una explicación.

Según su familia y su abogado, Berrios, que es una mujer trabajadora que cría sola a sus hijos, no tiene ningún antecedente penal. Las autoridades federales, sin embargo, la han vinculado a la banda criminal MS-13, aunque dos semanas después de su detención todavía no han presentado ninguna prueba que lo justifique. Los abogados de la mujer denuncian que se han enterado de las acusaciones a través de los medios de comunicación y que no han tenido acceso a ninguna orden formal ni ningún expediente legal. El caso ha abierto un debate sobre el abuso de etiquetas y estigmatizaciones para justificar detenciones sin fundamento. Las críticas han llegado desde colectivos de abogados, organizaciones de derechos humanos y familias de las personas detenidas, que consideran que estas prácticas vulneran las garantías legales básicas y ponen en riesgo la integridad de personas que ya viven en situación de vulnerabilidad.