El Parlamento griego debate un proyecto de ley para prohibir el alquiler a corto plazo de alojamientos que no estén oficialmente clasificados desde el 2011 como inmuebles "de principal uso residencial", un hecho que haría desaparecer miles de ofertas de alojamiento para turistas a través de plataformas como Airbnb, informó este jueves el portal protothema.gr. La legislación presentada la víspera en el Parlamento por el ministerio de Turismo veta el arrendamiento a corto plazo a través de estas plataformas de todos los inmuebles que hayan sido al pasado almacenes, sótanos o sedes de talleres artesanales o industrias.
Se espera que la medida impulsada por el Gobierno sea aprobada por los legisladores, ya que el partido gubernamental Nueva Democracia (ND) del primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento. La limitación del número de posibles alojamientos de alquiler a corto plazo se añadiría a la moratoria de un año, a la emisión de nuevas licencias para alquileres turísticos de corta duración en una docena de barrios populares de Atenas, que entró en vigor el día 1 pasado.
Grecia y la crisis de vivienda
Con estas reformas, el ejecutivo de Mitsotakis busca aliviar la crisis de vivienda que, junto con el encarecimiento de los productos básicos, es vista como el "problema principal del país" por los ciudadanos, según sondeos recientes. Grecia es el país de la Unión Europea (UE) cuyos ciudadanos tuvieron que gastar la mayor parte de sus ingresos regulares para la vivienda en el 2023 –una media del 35,2% de sus ingresos ante la media de 19,7% en la UE–, según datos publicados en diciembre por la agencia de estadísticas europeas, Eurostat.
Eso en un país que se situó aquel mismo año en el penúltimo lugar entre los Veintisiete, solo delante de Bulgaria, en cuanto al poder adquisitivo de la población, según la misma fuente. La nueva legislación introducirá además a más requisitos más estrictos para el arrendamiento a corto plazo de propiedades en materia de iluminación, ventilación, certificaciones y varios procedimientos de saneamiento. El propietario que incumpla este nuevo marco legal se le impondrá una multa de 5.000 euros, que se podría ver duplicada o incluso cuadruplicada si, después de una segunda inspección, se observa que sigue vulnerando la normativa.
La asociación griega de propietarios de inmuebles POMIDA ha expresado el rechazo al proyecto de ley, destacando que su aplicación retroactiva dará como resultado el desuso de muchas propiedades que operan desde hace años en las plataformas. Y, en este sentido, contribuyendo al desarrollo turístico del país y la mejora de áreas degradadas de Atenas y otras ciudades griegas. El gobierno ha anunciado planes para introducir este año beneficios fiscales para los propietarios que retiren sus inmuebles de plataformas de alquiler a corto plazo y opten por arrendarlos a largo plazo.