La Ley de Seguridad Nacional que Pekín impuso hace un año en Hong Kong silenció el movimiento de protesta de 2019, pero también conllevó arrestos, la marginación de la oposición del debate político y que muchos hongkoneses piensen en emigrar ante el temor de que la ciudad no vuelva a ser la misma. Desde su entrada en vigor el 30 de junio de 2020 se concatenaron decenas de detenciones en la excolonia británica, y el popular rotativo Apple Daily, crítico con Pekín, tuvo que cerrar después de que un tribunal congelara sus activos por vulnerar la citada ley.
"Quiero un futuro mejor. Antes teníamos libertad de expresión y la están erosionando poco a poco", comenta Tom, un residente que planea marcharse al Reino Unido.
Además, el Gobierno hongkonés, a instancias del central, también prohibió en el último año eslóganes independentistas, exigió a escuelas y bibliotecas que eliminaran libros "politizados" y medios como la televisión local RTHK han tenido que cancelar debates y alterar su programación de una manera favorable al Ejecutivo.
El temor a que los cambios sean irreversibles ha provocado que, hasta mayo de 2021, unos 470 hongkoneses hayan pedido oficialmente asilo en el extranjero, apunta la prensa local, la mayoría en Australia (305), Reino Unido (121) o Canadá (21).
Un clima de "miedo"
La legislación pretendía, de manera muy amplia, prohibir actos de "subversión" contra el Gobierno central en la urbe financiera -donde se gozaba de libertades impensables en la China continental- y erradicar supuestos resquicios de "injerencias extranjeras".
Pero según voces críticas como la de Yamini Mishra, directora de Amnistía Internacional para Asia y el Pacífico, la ley ha conseguido encaminar a Hong Kong "hacia un Estado policial". "Ha fomentado un clima de miedo y los residentes deben pensarse dos veces qué dicen y cómo viven sus vidas", afirmó en un comunicado.
El académico Jean-Pierre Cabestan, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Baptista, opina que "Hong Kong vive ahora en un sistema semiautoritario. La ley ha restringido la libertad política. La definición de sus delitos es muy vaga y las penas, muy duras".
Por todo ello, Cindy, otra residente hongkonesa, se mudará a Australia con uno de sus dos hijos, mientras que el otro se irá esté verano al Reino Unido. Su marido, médico, se quedará en Hong Kong.
"Viviremos separados en tres lugares diferentes. No tenemos otra opción. No podemos permitir que nuestros hijos crezcan en un lugar así. Pensamos en marcharnos hace años, pero lo sucedido desde la Ley de Seguridad ha acelerado nuestro plan. Hong Kong ha cambiado mucho", explica.
Michael, de 42 años, no se marchará, pero carga con la "culpa" de saber que sus colegas activistas afrontan penas mientras él sigue libre: "Muchos se han sacrificado y sufrido mucho. Quedándome siento que al menos salvo un poco de integridad. No los voy a abandonar".
"Y si Hong Kong muere, quiero presenciarlo".
La oposición, entre rejas
Activistas como Joshua Wong, uno de los rostros más conocidos de las protestas de 2019, están encarcelados desde hace meses por organizar o participar en protestas no autorizadas, al igual que Chow Hang-Tung -que hasta esta semana permanecía en libertad-, en este caso por promover la vetada vigilia que se celebraba anualmente en recuerdo a las víctimas de la matanza de Tiananmen.
Idéntico destino ha corrido el empresario Jimmy Lai, creador de Apple Daily, imputado por "confabulación con fuerzas extranjeras". Asimismo, los tribunales le acusan de "conspiración para obstruir el curso de la Justicia", y deberá pasar también 14 meses en prisión por participar en dos manifestaciones que tuvieron lugar en 2019. Otros opositores, como el exlegislador Nathan Law o el activista Ray Wong, decidieron exiliarse -en Reino Unido y Alemania, respectivamente- por el temor a ser enjuiciados.
Según Cabestan, la oposición ha quedado "castrada, oprimida y marginada", y la pregunta es "si los jóvenes aceptarán esta nueva normalidad": "Temo explosiones esporádicas en el futuro".
Pero el golpe definitivo al movimiento prodemocrático lo asestó Pekín al imponer, ya en 2021, un cambio en el sistema electoral que complicará su acceso al Parlamento, dado que reduce el número de escaños elegidos en las urnas de la mitad a una quinta parte. Estas modificaciones contravienen, según los críticos, los derechos de los hongkoneses y el principio de "un país, dos sistemas" que rige las relaciones entre Pekín y Hong Kong.
Para el presidente chino, Xi Jinping, solo "garantizan" que el Gobierno central pueda ejercer su "jurisdicción": "Aseguraremos la estabilidad en Hong Kong y mantendremos su prosperidad", zanjó ayer en su discurso por el centenario del Partido Comunista de China.
Los portavoces chinos han reiterado en innumerables ocasiones que los asuntos de Hong Kong son "de índole interna" y que "nadie puede inmiscuirse en ellos" hasta el punto de que Pekín aprobó en junio una ley "contra sanciones extranjeras" cuyos detalles todavía se desconocen.