Crisis política en Guatemala, después de que la Fiscalía haya asegurado que las elecciones generales de este año en el país no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, el Ministerio Público sostiene que la elección del actual presidente, Bernardo Arévalo de León, es nula. La invalidación de los resultados electorales ha sido presentada por la fiscal Leonor Morales, en rueda de prensa, donde ha sostenido que los decomises se tienen que anular y, por lo tanto, Arévalo de León, tiene que dejar de presidir el país. El presidente de Guatemala ha sostenido que esta cruzada de la Fiscalía es un intento de derrocarlo y la comunidad internacional le da la razón. La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) han tildado todo de "intento de golpe de Estado" y han condenado las acciones de la Fiscalía.
Como razón para la anulación de las elecciones, Morales ha sostenido que hay una irregularidad administrativa, ya que las actas electorales utilizadas no son las aprobadas originalmente por el Tribunal Supremo Electoral. "Los formatos utilizados no fueron los aprobados por el pleno de magistrados", aseveró Morales, que añadió que las votaciones "son nulas de pleno derecho". A la misma conferencia de prensa, la Fiscalía también ha señalado a Arévalo de León por supuestas ilegalidades en la formación de su partido en el 2018, el Movimiento Semilla, además de un presunto caso de lavado de dinero. Las últimas acusaciones son un nuevo intento del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general, Consuelo Porras, para revertir los resultados electorales que dieron la Presidencia a Arévalo de León en segunda vuelta.
Una Fiscalía sancionada por los EE.UU.
Desde el 12 de julio, la cúpula del Ministerio Público guatemalteco, sancionada por los Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción, ha intentado revertir el triunfo electoral de Arévalo de León, aunque la ley no le permite inmiscuirse en los resultados electorales. Justamente, Arévalo de León ya advirtió el pasado 1 de septiembre que la Fiscalía trataría de impedir su investidura que se espera para el mes de enero. Su predicción se ha cumplido y finalmente la Fiscalía, a pesar de no tener estas competencias, trata de anular el resultado electoral. Justamente por eso, tanto el presidente guatemalteco como buena parte de la comunidad internacional apunta a este momento como un intento de como de Estado.
También el presidente español, Pedro Sánchez, ha condenado las acusaciones de la Fiscalía y ha mostrado su apoyo a Arévalo de León. "Quiero mostrar mi rechazo más absoluto a la actuación del Ministerio Público de Guatemala que atenta contra la democracia y la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. Mi apoyo al presidente electo", ha afirmado a través de las redes sociales.