"Estoy convencido de que la democracia es memoria y es futuro, y no puede ser una sin el otro", ha afirmado el presidente chileno Gabriel Boric, quien al albor de la aclamada sentencia que ha condenado a siete militares por el secuestro y el homicidio de Víctor Jara, ha anunciado una medida histórica para encontrar a los desaparecidos forzosos durante la dictadura d'Augusto Pinochet (1973-1990).
Por primera vez, un Ejecutivo chileno plantea una búsqueda masiva y sistémica de las víctimas de la dictadura. Denominadas desapariciones forzosas durante la dictadura de Pinochet se enfocaban contra cualquiera ligeramente sospechoso de ser opositor e, incluso, la gente de su entorno. La desaparición de una persona en estos años estaba a menudo ligada con su asesinato. Sin embargo, muchas personas no han sido encontradas nunca y esta situación de angustia, impunidad y olvido es lo que se quiere revertir ahora a Chile.
"Nos hacemos cargo como Estado, no solo como Gobierno, de mover todas las barreras para aclarar las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada", ha subrayado. El plan apunta a instalarse como una "política nacional permanente y sistemática" para aclarar el destino de los desaparecidos, que se calculan en torno a las 1.469 personas, de las cuales solo se han encontrado 307. Entre las metas trazadas en esta política pública está "ubicar, recuperar, identificar y restituir los restos mortales de las personas víctimas de desaparición forzada", todos opositores políticos a la dictadura y/o militantes de izquierda.
Un pasado sin respuestas
"El Estado ha fallado a dar respuesta a las familias, y a toda la sociedad, a entregar las respuestas que el país necesita, los desaparecidos nos faltan en todos", ha subrayado el jefe de Estado chileno. Uno de los desafíos más complejos que enfrenta esta política es "reconstruir las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada, incluyendo la detención y el secuestro hasta el destino final," uno de sus principales objetivos.
El proceso incluye, además, rendición de cuentas a la sociedad chilena sobre el avance de estas diligencias, junto con la implementación de medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión de este tipo de crímenes. "No se dio nunca una explicación o se tuvo un acto de deferencia desde el Estado chileno con las esposas, hijos e hijas, madres y padres, nietos y nietas de los desaparecidos, mientras sus familiares buscábamos desesperadamente", ha afirmado en su discurso la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera.