La represión de la Rusia de Putin continúa. Un investigador francés ha sido condenado en Rusia a tres años de prisión, en un caso condenado por París, ha sido trasladado a una colonia penal de tráfico. Laurent Vinatier es uno de los varios occidentales encarcelados por Moscú desde que inició su ofensiva en Ucrania. Fue sentenciado en octubre después de ser declarado culpable de violar la ley rusa de “agentes extranjeros”.

Vinatier, que trabaja para una ONG suiza de mediación de conflictos, fue arrestado el verano pasado mientras aumentaban las tensiones con Francia y otros países occidentales por Ucrania. Según un mensaje de su familia en AFP, el abogado de Vinatier los informó de que fue trasladado de Moscú a Tula —a unos 190 kilómetros al sur de la capital— a una colonia penal de tráfico.

Pasará 15 días en cuarentena en la prisión. Su familia desconoce dónde lo trasladarán después. Los traslados de presos al enorme sistema penitenciario ruso pueden tardar semanas. Vinatier, que habla ruso, es un veterano investigador sobre Rusia y los países postsoviéticos.

Después de perder su apelación en febrero, dijo ante el tribunal que su trabajo siempre intentó “representar los intereses de Rusia en las relaciones internacionales”. Francia ha exigido la liberación de Vinatier, calificando la sentencia de “arbitraria”. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha instado repetidamente a Rusia a que lo libere.

¿Qué pasa con los agentes extranjeros en Rusia?

Los “agentes extranjeros” tienen prohibido ocupar cargos públicos, participar en comisiones electorales, formar parte de consejos consultivos públicos y nominar candidatos para las juntas de vigilancia penitenciaria. También tienen prohibido hacer donaciones políticas, organizar acontecimientos públicos y dar apoyo a campañas electorales.

En primer lugar, para ser considerado agente extranjero, una persona jurídica o natural tiene que actuar en calidad de agente, representando, empleado, sirviente o cualquier otra capacidad, por orden, solicitud o bajo la dirección o control de un principal extranjero.

Los “agentes extranjeros” están obligados a efectuar largos trámites administrativos y tienen que indicar este estatuto a todas sus publicaciones, sobre todo en las redes sociales, bajo pena de multas o de suspensión. La ley sobre los “agentes del extranjero” fue introducida en 2012. Su uso se ha incrementado contra organizaciones de defensa de los derechos humanos y los medios y desde 2020 contra personas físicas.