El Parlamento iraní ha tomado una controvertida decisión al aprobar una nueva ley que endurece las penas por no usar el velo islámico, conocido como hiyab, en un período de tres años. La Ley de Apoyo a la Cultura de la Castidad y el Hiyab fue concebida por una pequeña comisión judicial y cultural a puerta cerrada en agosto, y finalmente ha sido votada por los diputados este miércoles. La moción, que ha recibido 152 votos a favor, 34 en contra y siete abstenciones de los 201 diputados presentes, ahora deberá ser ratificada por el Consejo de los Guardianes, un organismo con capacidad de veto sobre las decisiones del Parlamento.

La nueva ley tiene como objetivo combatir la falta de uso del velo en Irán, un gesto de desobediencia civil que ha ganado fuerza desde la trágica muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022. Amini falleció después de ser detenida por la Policía de la Moral por no llevar correctamente el hiyab. Las sanciones establecidas en la ley son severas, incluyendo multas de hasta 2.000 dólares y penas de cárcel de hasta cinco años para aquellas mujeres que aparezcan en público sin pañuelo. Además, se contempla la confiscación de vehículos y la prohibición de conducir. También se pueden imponer deducciones de salario, la pérdida de prestaciones laborales y la prohibición de acceder a servicios bancarios. Sin embargo, la ley no se limita al uso del hiyab, ya que también impone sanciones a mujeres y niñas que muestren cualquier forma de "desnudez de alguna parte del cuerpo o lleven ropa fina o ajustada" en espacios públicos o en las redes sociales. Esto incluye la prohibición del uso de pantalones rotos, mangas cortas o bermudas, y establece el despido de trabajadores que no cumplan con estas normas.

La comunidad internacional ha reaccionado con indignación ante esta legislación. Expertos de la ONU la han calificado como "una forma de apartheid de género", argumentando que las autoridades iraníes están aplicando una discriminación sistemática con la intención de someter a las mujeres y niñas del país.

La aprobación de esta ley se produce apenas cuatro días después del primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini. Para conmemorar este triste evento, se implementaron estrictas medidas de seguridad en todo el país para evitar protestas, recordando las violentas manifestaciones que sacudieron a Irán el año pasado y que dejaron un saldo de 500 personas fallecidas. Las reacciones en Irán han sido mixtas. Mientras algunos ven esta ley como un paso necesario para preservar la tradición y la cultura islámica del país, otros la consideran un retroceso en los derechos de las mujeres y un intento de controlar su libertad individual. La sociedad iraní se encuentra profundamente dividida sobre esta cuestión, y es probable que el debate continúe en los próximos años.