Israel no afloja. El Parlamento israelí (o Knéset) ha aprobado la noche de miércoles a jueves una disposición temporal que permitirá a los tribunales del país condenar a prisión a los menores, concretamente, a partir de los 12 años, si les declaran culpables de asesinato por motivos "terroristas". Según la norma, los menores entre 12 y 14 años podrán ser condenados a prisión y cerrados en un centro hasta que cumplan los 14 años, momento en que la ley israelí permite transferirlos a la prisión.
En Israel, la responsabilidad penal empieza a los 12 años, pero las penas de prisión solo se podían aplicar a partir de los 14 años. La nueva norma es una disposición temporal que estará en vigor cinco años, pero podrá ser renovada por periodos de dos años después de su expiración. Una norma similar estuvo en vigor entre el 2016 y el 2020, pero no fue renovada. La disposición fue presentada, entre otros, por parlamentarios del partido ultranacionalista Poder Judío, liderado por el actual ministro de Seguridad Nacional, el colono antiárabe Itamar Ben-Gvir.
Desde la vuelta a la actividad después del remanso de verano, a finales de octubre, el Parlamento israelí ha aprobado una serie de medidas controvertidas. Sin ir más lejos, la prohibición en Israel de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), la deportación de familiares de terroristas en Gaza o el despido de profesores para expresar apoyo a la lucha armada palestina. En Israel, el término "terrorista" se usa indistintamente para referirse a atentados contra civiles o a ataques contra soldados israelíes cometidos por grupos armados palestinos, tanto en territorio israelí como en Cisjordania ocupada o Gaza.
Israel aprueba las deportaciones
Pero la entrada en la prisión de los menores no ha sido la única ley aprobada. También se ha dado luz verde a un proyecto de ley que permitirá deportar en Gaza familiares de los autores de ataques "terroristas", término que en Israel se usa indistintamente para referirse a atentados contra civiles o a ataques contra soldados israelíes, generalmente cometidos por árabes. El proyecto, aprobado de madrugada (fuera del foco mediático) por 61 votos a favor delante de 41 en contra, mujer autoridad al ministro del Interior israelí para "deportar a la familia del autor de un ataque si se demuestra que tenía conocimiento previo de la operación y no hizo todos los esfuerzos necesarios por evitarla".
El texto de la norma estipula que la deportación será por un periodo de siete a quince años si el autor del ataque es ciudadano de Israel y por diez a veinte si es residente de Jerusalén Este (parte de la ciudad anexada unilateralmente en 1980, sin el apoyo de la comunidad internacional, y donde Israel gobierna 'de facto', aunque sus habitantes palestinos no tienen la ciudadanía).
La ley también estipula que los atacantes israelíes mantendrán su ciudadanía a pesar de ser expulsados del país. La policía israelí controlada Itamar Ben-Gvir) tendrá poderes para implementar la deportación, incluido el derecho a entrar en cualquier lugar y utilizar la fuerza necesaria para deportar a cualquier residente, según el texto explicativo de la norma a la web de la Knéset.