Un juez ha provocado el primer contratiempo a Donald Trump y ha bloqueado una de sus medidas antiinmigración, ya que es "descaradamente inconstitucional". Se trata de la orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, reconocida en la Constitución y que el nuevo presidente firmó el lunes, durante su primer día en el cargo. "Esta orden es una orden descaradamente inconstitucional", ha dicho este jueves John Coughenour, juez federal de Seattle.
La Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU. establece que toda persona nacida en territorio estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Sin embargo, Trump firmó un decreto que dictamina que las personas nacidas en el país de padres indocumentados o con un estatus legal "temporal" (como un visado de trabajo) no podrán obtener la ciudadanía. En la práctica, tal cosa impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
Un caso clarísimo
Veintidós estados con gobiernos demócratas han interpuesto una demanda contra el intento de Trump de acabar con este derecho, cuatro de los cuales han pedido a la corte federal que la orden no sea aplicada. Así, la decisión de Coughenour está relacionada con estos últimos cuatro estados y permanecerá en vigor 14 días, tiempo durante el cual podría haber recursos en contra. "Llevo en el tribunal más de cuatro décadas. No recuerdo ningún otro caso en el que el caso representado sea tan claro como este. Se trata de una orden descaradamente inconstitucional", ha sentenciado el juez, que fue nombrado para el cargo en el año 1981 por el expresidente Ronald Reagan (1981-1989).
En el paquete de medidas antiinmigración, el presidente también declaró la emergencia nacional en la frontera con México, firmó una directiva que designa a los cárteles de la droga y las bandas internacionales como organizaciones terroristas extranjeras, ordenó retomar la construcción del muro, recuperó el programa "Quédate en México" y restableció la pena de muerte por cualquier "delito capital cometido por un extranjero presente ilegalmente en este país", entre otros. En esta línea, existe la voluntad de rebautizar el golfo de México y llamarlo golfo de América, una decisión que solo tendrá efecto en EE. UU., ya que Trump no puede cambiar unilateralmente la designación internacional de la zona.