Más complicaciones para el fundador de WikiLeaks. La jueza británica Vanessa Baraitser ha denegado la libertad condicional a Julian Assange por considerar que presenta riesgo de fuga, a pesar de haber rechazado previamente su extradición a los Estados Unidos por motivos de salud.
Cuando se ha anunciado su decisión dentro de la Corte de Magistrados de Westminster, la jueza ha señalado que Assange "todavía no ha ganado su caso", ya que los Estados Unidos recurrirán la sentencia contraria a la entrega, y "tiene un incentivo para fugar-se" hasta que concluya este proceso.
Baraitser asegura que el australiano de 49 años, que sufre depresión y otras enfermedades después de diez años confinado en el Reino Unido, "ha demostrado" en repetidas veces que es capaz de huir de la Justicia.
De esta manera, hoy por hoy, permanecerá en prisión provisional en Belmarsh mientras avanza su proceso judicial. En la vista de hoy para determinar si podía salir en libertad condicional, Baraitser aceptó los argumentos en contra de la fiscal Clair Dobbin, en representación de la Justicia norteamericana, que alegó que el informático ha probado en el pasado que es capaz de "llegar a extremos extraordinarios" para evitar su extradición. La defensa de Assange pide que pase a arresto domiciliario con su pareja, Stella Morris y sus dos hijos en Londres.
Una de cal y otra de arena
La decisión de este miércoles supone un golpe duro para Assange y sus millares de seguidores en todo el mundo, que por primera vez veían la posibilidad de que dejara de estar encerrado. Esta mala noticia contrasta con la que se dio el lunes pasado por parte de la misma jueza. Baraitser rechazó, al constatar riesgo de suicidio, la extradición del ex-hacker en el continente americano.
Los Estados Unidos lo reclaman para procesarlo por dieciocho presuntos delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal digital WikiLeaks. Aunque aceptó las amenazas para la salud de una eventual entrega, la jueza descartó el resto de los argumentos de la defensa, que adujo, entre otras cosas, que los cargos tenían "motivaciones políticas" y que no tendría un juicio justo en este país.