El Tribunal Superior de Justicia de Londres ha dado la razón a la defensa de Julian Assange y, por ahora no lo extraditará a los Estados Unidos (EE.UU.). La justicia británica ha decidido permitir a la defensa del cofundador de WikiLeaks volver a apelar la petición de Washington. Sin embargo, hay letra pequeña: Assange tiene permiso para apelar contra su expulsión, pero solo si el Reino Unido y los Estados Unidos no pueden ofrecer al tribunal las garantías adecuadas. Eso hace referencia a si las autoridades estadounidenses pueden ofrecer "garantías satisfactorias" sobre cuestiones como si se podría amparar bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los EE.UU. y si podría ser condenado a muerte, pena vigente en algunos estados.
El próximo paso de su defensa es hacer una audiencia de apelación para considerar su situación. Si allí la justicia se decanta por los EE.UU. solo le quedará un último intento por evitar la extradición ante Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson, que en dos vistas preliminares en febrero escucharon las partes, tenían que decidir si secundaban o revocaban la decisión emitida el 6 de junio del 2023 por su colega Jonathan Swift. Este juez le denegó el permiso de seguir recurriendo en este país y dio por buena la orden de entrega firmada en junio del 2022 por la entonces ministra del Interior, Priti Patel. Finalmente, Sharp y Johnson han fallado en la dirección opuesta y han abierto la puerta a una nueva apelación.
Desgaste entre los defensores de Assange
Los aliados de Assange han afrontado este último proceso con poco optimismo, después de concatenar sentencias en contra. Desde Wikileaks se hizo un llamamiento por su liberación cuando empezaron las vistas ante el tribunal, pero el actual presidente de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, afirmó que era muy probable que Assange acabara extraditado. Una posición similar ha adoptado la mujer del cofundador de WikiLeaks, Stella Assange, quien advirtió en aquel momento: "Si Julian es extraditado a los Estados Unidos, morirá". Finalmente, sí que ha habido margen para la esperanza.
Más de diez años
El caso del cofundador de Wikileaks hace más de una década que empezó, cuando la plataforma publicó las filtraciones de documentos estatales estadounidenses. El contenido de estos documentos señalaba directamente al ejército de los Estados Unidos y a sus actuaciones crueles y desproporcionadas en Iraq y Afganistán. Washington reclama Assange por 18 delitos de espionaje e intrusión informática. La acusación estadounidense pretende imputar a Assange por delitos contra la ley de Espionaje de 1917, una ley creada en tiempo de guerra que nunca se pensó para penalizar el trabajo de editores y periodistas, según subraya Amnistía Internacional, organización que defiende la liberación del cofundador de Wikileaks. El uso de esta de ley de hace más de un siglo es una de las piedras angulares sobre las cuales la defensa de Assange ha acusado a los EE.UU. de tener motivaciones posibilistas. Hecho que las autoridades estadounidenses han negado en repetidas ocasiones.