El Canciller de Justicia de Finlandia, Tuomas Pöysti, ha exculpado a la primera ministra, Sanna Marin, de las acusaciones de negligencia hechas contra ella por participar este verano en varias fiestas privadas. Las imágenes de las celebraciones levantaron mucha polvareda a las redes sociales y, hasta el momento, la polémica ha rodeado la figura de la joven primera ministra. Sin embargo, la justicia la ha exculpado. Marin, primera ministra socialdemócrata de 36 años, apareció en los medios de comunicación de todo el mundo el mes de agosto pasado, después de que se filtrara un vídeo suyo en que aparecía cantando y bailando en una fiesta privada con un grupo de personajes famosos.
Según ha explicado el Canciller de Justicia, encargado de supervisar la legalidad de las acciones del gobierno y el presidente de la República, no hay ningún indicio que Marin incumpliera su deber oficial para asistir a estas fiestas. "No tengo motivos para sospechar que la primera ministra Marin haya actuado de manera incorrecta en su capacidad oficial como ministra o que haya hecho desistimiento de sus funciones", ha concluido Pöysti después de analizar en profundidad varias denuncias presentadas por ciudadanos.
La justicia rechaza las acusaciones contra Marin
Concretamente, acusaban a Sanna Marin, entre otras cosas, de no estar en condiciones de ejercer el cargo por haber consumido gran cantidad de alcohol, sin haber cedido sus funciones previamente a otro ministro durante los fines de semana en que estuvo de fiesta. Pero el Canciller de Justicia ha rechazado esta acusación, afirmando que las denuncias no especificaban qué tarea oficial no se pudo hacer o qué función concreta se vio comprometida a causa de la actuación de la primera ministra.
Las denuncias contra la primera ministra socialdemócrata también la culpaban de no haberse comportado de acuerdo con la dignidad que corresponde a una jefa del gobierno, mostrando una actitud que ha deteriorado la reputación internacional de Finlandia. Pero el Canciller ha respondido que la obligación de los funcionarios de mantener una buena conducta no se aplica a los ministros, que son directamente supervisados por el Parlamento. "No corresponde al canciller de Justicia, como autoridad suprema en cuestiones de legalidad, evaluar la moralidad de la conducta de un ministro o las cuestiones relativas a su credibilidad política o la confianza que tiene", apunta Pöysti en el dictamen.
Además, se acusaba Marin de poner en riesgo la seguridad del Estado, al haber organizado una fiesta en su residencia oficial sin registrar previamente a los invitados. Pero esta denuncia tampoco ha tenido recorrido, ya que, según el Canciller, la residencia oficial del Jefe de gobierno puede ser utilizada para actos privados y no es obligatorio que los equipos de seguridad inspeccionen a los participantes.
Con todo, cabe mencionar que la primera ministra se sometió voluntariamente a un test de drogas para desmentir los rumores, extendidos por las redes sociales, que había tomado estupefacientes.