Justo cuando se acaban de cumplir 30 años del atentado con gas sarín en el metro de Tokio por parte de una secta religiosa y de que los familiares de las víctimas recientemente pidieran poner coto a este tipo de organizaciones, este martes un tribunal japonés ha ordenado despojar de su estatus de organización religiosa a la Iglesia de la Unificación o secta Moon. El Tribunal de Distrito de Tokio falla así a favor de la petición del gobierno registrada en 2023, tras una investigación en la que las autoridades japonesas constaron prácticas abusivas para lograr financiarse. La secta Moon está además en el punto de mira político en el país tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, cuyo autor material, Tetsuya Yamagami, confesó que lo hizo motivado por la presunta vinculación entre el exmandatario y la secta que había arruinado a su familia —la madre de Yamagami era miembro y dio todo su dinero a la secta—.

La Iglesia de la Unificación, creada en 1954 en Corea del Sur por el ya fallecido Sun Myung Moon y conocida por organizar vistosas macrobodas con centenares de novios, está establecida en Japón desde finales de los años 50 y también cuenta con ramificaciones en Estados Unidos, Argentina o Brasil. Los postulados de la secta, derivados del cristianismo, sostienen que Adán y Eva fallaron a Dios y que la humanidad ha replicado el linaje del Diablo, por lo que la humanidad necesita un nuevo mesías, que sería Moon. El grupo religioso movería cuantiosas sumas de dinero con la venta de objetos religiosos con supuestas propiedades "espirituales" e instarían bajo importantes presiones a los miembros a dar lo que tienen para comprar a precios desorbitados estos objetos y así elevar su espíritu o el de sus familiares fallecidos. Ha habido numerosos procesos judiciales en Japón por estas extorsiones.

El Ministerio de Educación y Cultura de Japón, responsable de cuestiones religiosas, entrevistó a más de 170 víctimas de las presuntas prácticas abusivas de la secta para lograr fondos. El sistema legal japonés permite a las autoridades pertinentes pedir la disolución como organización religiosa de grupos que comenten actos que dañen sustancialmente el bienestar público. Constatado por el juez, ahora el culto de Moon será privado de las ventajas fiscales de las que gozaba bajo el estatus de organización religiosa, aunque podrá seguir operando como otro tipo de entidad. La Iglesia de la Unificación se convierte en la tercera organización religiosa en ser objeto de tal orden de disolución en Japón, tras el culto Aum Shinrikyo (Verdad Suprema), artífice del ataque con gas sarín en el metro de Tokio de 1995, y el templo budista Myokakuji de la secta Nichiren, cuyo máximo líder fue condenado por fraude. La organización, que se ha mostrado crítica con la petición y las pesquisas de las autoridades, ha anunciado su intención de apelar la decisión judicial.

Terremoto político tras el asesinato de Shinzo Abe

El grupo siempre ha querido vincularse con figuras políticas y empresariales de renombre con los que conseguir alcance y repercusión. De hecho, estuvo de nuevo en el ojo del huracán tras el asesinato de Shinzo Abe. El asesino, Tetsuya Yamagami, sostiene que el abuelo de Abe y ex primer ministro nipón Nobusuke Kishi contribuyó a la llegada y asentamiento del grupo en Japón y que por ello atentó contra él. El propio Abe había participado en una conferencia de la secta en 2021. Tras los hechos, numerosas víctimas del culto, especialmente hijos de miembros que denunciaron haber sido robados y extorsionados a manos de sus progenitores para hacer donaciones a la organización y aseguraron padecer penurias económicas como resultado de la bancarrota sus padres a través de la secta, igual que Yamagami.

Esto fue un terremoto político en Japón, que destapó importantes conexiones entre la política nacional y la secta, que habría estado organizando campañas de compra o amaño de votos, lo que motivó en su momento una reforma del Ejecutivo. El entonces primer ministro nipón, Fumio Kishida, perdió popularidad a raíz del caso y se vio obligado a promover una investigación interna sobre los vínculos del Ejecutivo con la Iglesia de la Unificación y a llevar a cabo una "limpia" de parlamentarios y ministros que estaban bajo la sospecha de mantener lazos con la organización religiosa.