El presidente Donald Trump pretende invocar una ley poco conocida del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, como aparte de sus planes para combatir la inmigración ilegal y el crimen organizado de origen extranjero. Esta legislación, que tiene más de 200 años de antigüedad, otorga al presidente la autoridad para detener, deportar o restringir a extranjeros de países considerados enemigos de los Estados Unidos. La pretensión del presidente norteamericano ha causado estupefacción, controversia y debate en el país por sus implicaciones legales, políticas y sociales. Aunque la ley sigue vigente en el tercer capítulo del Título 50 del Código de los Estados Unidos, su aplicación en el contexto actual es cuestionada por expertos legales, pero eso no parece impedimento para que Trump decida rescatarla del cajón legal como aparte de su amplia lista de medidas represivas contra la inmigración y así conseguir sus objetivos de deportar a todos los inmigrantes ilegales o que supongan un peligro para la seguridad del país.

Los funcionarios estudian como implementarla

"Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, dirigiré a nuestro gobierno a utilizar todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas extranjeras y redes criminales que traen un crimen devastador al territorio norteamericano, incluidas nuestras ciudades y áreas urbanas", manifestó Trump en su segundo discurso inaugural, repitiendo una promesa que hizo con frecuencia durante la campaña electoral del año pasado. Trump ha afirmado que la ley le otorgará a su gobierno "una tremenda autoridad" y permitirá a los funcionarios "remover a todos los miembros de bandas conocidas o sospechosos, traficantes de drogas o miembros de cárteles en los Estados Unidos". El presidente ha hecho públicas en varias ocasiones su intención de invocar la ley y ahora los funcionarios de la administración Trump están analizando como podrían implementarla, aunque todavía se ultiman los detalles y se desconoce cuándo el gobierno actuaría para invocarla.

Según reconoció un alto funcionario del gobierno en la CNN, "etiquetar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera fue el primer paso", en alusión a la resolución que el 19 de febrero hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, en la que designó a la organización venezolana Tren de Aragua y otros grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Esta resolución afecta a otros grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoana y Cárteles Unidos.

El origen de la ley

La Ley de Enemigos Extranjeros fue promulgada originalmente en 1798 durante un periodo de tensión con Francia. En concreto, aquel año se promulgaron las Leyes de Extranjería y Sedición en el marco de la conocida como Cuasi-Guerra, un enfrentamiento nunca declarado que enfrentó a los Estados Unidos y a Francia, a raíz de la Revolución Francesa, durante el mandato del federalista y segundo presidente norteamericano, John Adams. El objetivo de la ley era proteger al país del espionaje y conspiración por parte de individuos afines a los intereses franceses. La ley se puede aplicar a los hombres mayores de 14 años y puede ser invocada en situaciones "de invasión, guerra declarada o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos por cualquier nación o gobierno extranjero" y el presidente "haga una proclamación pública" de la amenaza contra el país. Es decir, que si Estados Unidos está en guerra con otro país, nación o gobierno extranjeros o es invadido o amenazado de ser invadido, un presidente puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros. Otras leyes promulgadas colectivamente como las Leyes de Extranjería y Sedición expiraron años después, pero la Ley de Enemigos Extranjeros no tenía dato de expiración y todavía se mantiene vigente.

Invocada en tres ocasiones

La ley ha sido invocada en tres ocasiones, todas ellas relacionadas con conflictos militares importantes o una guerra declarada. La primera vez que se invocó fue durante la Guerra de 1812, bajo el mandato de James Madison, cuarto presidente de los Estados Unidos, cuando el país se enfrentó a Gran Bretaña, y en esta ocasión se exigió a todos los ciudadanos británicos que vivían en los Estados Unidos que reportaran su situación. La segunda fue durante la Primera Guerra Mundial, en 1917. El presidente Woodrow Wilson invocó la ley contra nacionales de potencias enemigas: los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y Bulgaria. Más de 6.000 "extranjeros enemigos", principalmente alemanes, fueron internados en campamentos, algunos permaneciendo hasta dos años después del Armisticio. La tercera y última vez fue durante el gobierno de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), después del ataque de Pearl Harbor, y se utilizó para crear campos de internamiento para ciudadanos de origen japonés en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero la ley también afectó a otras comunidades como los ciudadanos de ascendencia italiana y alemana. Como resultado, se decretó el internamiento de más de 31.000 presuntos "enemigos extranjeros" y sus familias, incluyendo refugiados judíos de la Alemania nazi, en campos e instalaciones militares.

¿Por qué quiere Trump invocar la ley ahora?

Ahora, Trump quiere ser el cuarto presidente que invoca la ley histórica para defender los intereses de los Estados Unidos y como parte de su estrategia contra la inmigración ilegal, para deportar presuntos miembros de bandas criminales, cárteles de la droga mexicanos y colombianos. Una de las razones por las cuales el presidente quiere rescatar la ley es que la Ley de Enemigos Extranjeros no pasa por el sistema de tribunales de inmigración, que ofrece a los inmigrantes la oportunidad de apelar para quedarse en el país, un proceso que puede tardar años a resolverse y que supone un obstáculo por los planes de deportación masiva de Trump. Expertos legales creen que Trump quiere apelar a esta legislación como una manera de esquivar todo este proceso y que sea más fácil arrestar y deportar a estos inmigrantes.

Pero los expertos legales consultados por diferentes medios de comunicación norteamericanos se muestran escépticos y creen que en el contexto actual del país no se cumplen las condiciones legales para aplicarla y, en caso de hacerlo, Trump se encontraría con la oposición de los defensores de los derechos de los inmigrantes y civiles y los tribunales podrían tumbarla, dado que no hay una invasión militar o una incursión depredadora militar perpetrada por una nación o gobierno extranjero y se podría considerar su invocación como un abuso de la autoridad.

Fotografía principal: Franklin D. Roosevelt, el último presidente que invocó la ley