¿Os imagináis que la homosexualidad volviera a ser penada en algunas zonas de los Estados Unidos? Después de revocar el caso que estableció que el aborto era un derecho protegido por la Constitución (Roe v Wade, 1972), uno de los jueces más conservadores del Tribunal Supremo norteamericano ha abierto la puerta a revisar las decisiones que protegen de manera generalizada en todo el país el acceso a los anticonceptivos (Griswold, 1965), el derecho a mantener relaciones sexuales privadas y que prohíbe la persecución de la homosexualidad (Lawrence, 2003), y el matrimonio igualitario (Obergefell, 2015). Así lo expresó explícitamente el magistrado del Supremo Clarence Thomas en una opinión emitida este viernes, en la cual animó directamente a sus compañeros a revisar otras sentencias emitidas en el pasado, utilizando el mismo prisma que en la decisión sobre el aborto: "Tenemos el deber de corregir el error establecido en precedentes como Griswold, Lawrence y Obergefell", escribió Thomas.
Por extraño que parezca, esta es la consecuencia del hecho de que las cámaras parlamentarias de los EE. UU. no hayan llegado a un consenso, a menudo por falta de mayorías, para pactar leyes en estos ámbitos que afecten al conjunto del país. En su defecto, las cuestiones han sido gobernadas por las decisiones del Tribunal Supremo y las restricciones impuestas por cada uno de los estados. Tal como se ha visto en el caso del aborto, el hecho de que el TS cuente ahora con una amplia mayoría conservadora, después de que el expresidente Donald Trump tuviera la oportunidad de escoger a tres jueces, abre la puerta a revisar otras sentencias sobre libertades y derechos fundamentales que hacía décadas que los norteamericanos daban por sentadas. Si en las elecciones en el Congreso que se celebran este noviembre ninguno de los dos partidos consigue una mayoría clara, es probable que estas cuestiones sigan sin regularizarse a escala nacional y se deleguen a los estados y los tribunales, como ya es el caso del aborto. Las palabras del magistrado Thomas tienen especial relevancia, y es que dan una señal clara a los grupos que luchan contra este tipo de cuestiones en los tribunales para que lleven su batalla legal al Supremo, sabiendo ahora que allí tienen al menos un aliado, y posiblemente el apoyo de la mayoría.
La caja de los truenos
La opinión pública estadounidense ha expresado en los últimos días temor para que otras decisiones tomadas ahora hace años por el Tribunal Supremo, como la legalidad del matrimonio gay o el derecho a usar métodos anticonceptivos, sean revocadas por la Corte tal como ha pasado con el derecho de todas las personas a la interrupción del embarazo. Medios como el Wall Street Journal, el Washington Post y la cadena CNN han coincidido en señalar que el mismo lógico constitucional seguimiento para revocar la sentencia de Roe v Wade al aborto podría servirse para eliminar varios derechos dictados por la jurisprudencia, pero que no están directamente recogidos en ninguna ley federal. El principal argumento utilizado el viernes por la mayoría conservadora del Supremo que revocó la sentencia de 1973 que protegía el derecho al aborto fue que este no está recogido explícitamente por la Constitución de los EE. UU. (firmada en 1787), y que la Corte de 1973 se había excedido en su interpretación de la Carta Magna y al decir que se incluye en el derecho fundamental a la vida privada. El matrimonio homosexual y el derecho a tener acceso a los anticonceptivos, igual que el aborto hasta ahora, no están protegidos por ninguna ley a escala federal que los reconozca explícitamente, sino que emanan de las interpretaciones que en su momento hicieron los magistrados del Tribunal Supremo de la Constitución.