El gobierno de extrema derecha italiano, liderado por Giorgia Meloni, no piensa respetar la libertad de prensa de los medios públicos. Si bien, se podría considerar algo previsible, la tensión entre el ente público de radiotelevisión de Italia (BALSA) ha llegado al límite de que su consejero delegado, Carlo Fuortes, ha dimitido. Fuortes se ha ido matando, señalando públicamente la injerencia del gobierno de extrema derecha.
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"Desde principios de 2023 hay un conflicto político que afecta a mi posición y mi persona y que debilita la RAI. Por lo tanto, no se dan las condiciones para continuar mi trabajo", explica Fuortes, quién se ha negado a pasar por el aro impuesto por los ultraconservadores. Justamente por eso, ha considerado que lo más apropiado era dejar su cargo. "He trabajado en la administración pública durante décadas y siempre he actuado en interés de las instituciones que he dirigido, favoreciendo el beneficio general de la comunidad", recogía en su comunicado dirigido al Ministerio de Economía.
Voces contra Meloni
La líder de la extrema derecha italiana se enfrenta cada como más criticas, dentro y fuera de su partido. Sus maneras de hacer y su agenda política está enfureciendo a los italianos. Por ejemplo, su reforma laboral ha conseguido algo que parecía imposible: unir la oposición italiana y los sindicatos bajo una bandera común.
El pasado sábado, la oposición unida y los sindicatos se manifestaron conjuntamente contra la reforma laboral de Meloni. Más de 30.000 personas salieron en la calle en el feudo progresista de Bolonia, donde se organizó la primera de una serie de protestas que también se han convocado a Milán (sábado que viene) y Nápoles (el siguiente) y sobre las cuales los sindicatos no descartaron que puedan derivar en una huelga general, según recopilación Efe.
La primera ministra convocó un Consejo de Ministros el Primero de Mayo, en plena fiesta de los trabajadores, para después anunciar a través de un vídeo en las redes sociales la aprobación del decreto, que solo reduce hasta a final de año la carga impositiva a determinados sueldos. El decreto establece, entre otras cosas, una reducción de la cuña fiscal, es decir, la diferencia entre el salario que paga un empleador y aquello que el trabajador se embolsa, pero solo durante lo que queda de año. A los sindicatos todo les ha parecido insuficiente. Las formas y el contenido de esta reforma han crispado el escenario político italiano.