El Centro Carter, que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, ha manifestado este martes que el proceso no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo cual "no puede ser considerada como democrática". "El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela", ha manifestado el Centro Carter en un comunicado que recoge la cadena SER.
La organización ha destacado que el ente comicial, que ha dado por ganador al oficialista Nicolás Maduro, cuando todavía faltan más de dos millones de votos por computar. Y, por otra parte, no ha anunciado tampoco los resultados desglosados por mesa, cosa que constituye una grave violación de los principios electorales. En este sentido, ha explicado que el proceso electoral "no ha conseguido los estándares internacionales de integridad en ninguna de las etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la misma legislación nacional".
Tal como señala el mismo Centro Carter, "se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación". Además, durante el proceso, las autoridades "mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra candidaturas de la oposición". Por otra parte, ha destacado que el registro de electores "se hizo con numerosos inconvenientes", como "plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas".
El voto exterior, lleno de problemas
La nota también se centra en la problemática del voto exterior. Y es que, según parece, fuera de las fronteras del país también hubo problema. "Los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmesuradas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero". En este sentido, también destaca que el registro de partidos y candidatos "tampoco se adecuó a estándares internacionales" y, en los últimos años, los partidos de la oposición "han sufrido intervenciones judiciales para beneficiar personas afines en el gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas".