El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, ha tildado las sanciones que China ha anunciado en represalia contra las impuestas por el bloque europeo de "inaceptables". Las sanciones por parte de la UE han sido asignadas contra cuatro altos cargos chinos vinculados a la represión de la minoría musulmana uigur, que algunos han calificado de "genocidio".
Las sanciones de Borrell están corrompidas por una contradicción, ya que, a pesar de estar totalmente justificadas a causa de las graves violaciones de derechos humanos en China, están en disonancia con el acuerdo económico que la Comisión Europea llegó con este mismo país ahora hace un poco más de un año. Además, la muy cuestionable visita diplomática de Borrell en Moscú este pasado febrero, las condenas contra la libertad de expresión en España que ya han recibido crítica europea y su reiterada negación de la existencia de presos políticos en el estado español no añade ninguna credibilidad a su argumento.
Las sanciones
Después de varios años de investigación sobre las más de un millón de personas uigures internadas en unos 1.000 campos de detención chinos, los ministros de exteriores de la UE finalmente han acordado este lunes incluir a la lista de sanciones en la excabeza de la región uigur de Xinjiang, Zhu Hailun, y el director de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang, Chen Mingguo, entre otros. La UE también impone sanciones contra la empresa vinculada a los centros donde se han hecho "detenciones arbitrarias a gran escala" de los uigures.
Estas son las primeras sanciones por derechos humanos que impone Bruselas en Pekín desde el embargo de armas de 1989 a raíz de las protestas de Tiananmen. Desde esta decisión de la UE, los Estados Unidos y el Reino Unido también han anunciado sanciones similares contra el régimen chino.
Las amenazas
Como represalia, China ha anunciado que aplicará sanciones contra una decena de personalidades europeas, entre ellas varios eurodiputados, y a cuatro entidades de la UE. En un comunicado, el ministerio de exteriores chino ha exigido en Bruselas que "deje de dar lecciones sobre derechos humanos y de interferir en asuntos internos" de otros países.
En reacción a eso, Borrell ha pedido en Pekín que se abra a un diálogo sobre los derechos humanos en vez de seguir el camino de la confrontación. Los líderes europeos discutirán a la próxima reunión del jueves su relación con el régimen chino.
La paradoja
A pesar de su postura aparentemente robusta en materia de derechos humanos, Borrell se contradice al imponer estas sanciones cuando a duras penas hace un año que la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, cerró un acuerdo millonario de inversiones para facilitar el acceso al mercado chino a las empresas europeas y garantizar la competición en mejores condiciones con las compañías del país asiático.
Con respecto al estado de los derechos humanos en según qué rincón de la UE, no se puede decir que el estado español, quien Josep Borrell sirvió como a diputado y ministro, predique con el ejemplo.
En las últimas semanas, el estado español ha sido condenado dos veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar debidamente la violencia policial contra manifestantes, hecho que comporta una violación del artículo 3 del Convención Europea de Derechos Humanos (prohibición de la tortura) en su aspecto procesal.
Ya desde el inicio del año, Borrell también ha sido criticado para no corregir al ministro de exteriores ruso, Sergei Lavrov, cuando este equiparó al preso político Navalni con los presos políticos independentistas. Evidentemente, negar que en el estado español haya presos políticos supone una gran contradicción en el discurso de Borrell, quien alega tener "determinación para defender los derechos humanos."
Ayer mismo, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, trasladó su preocupación en España por las "crecientes condenas" de prisión a artistas y activistas los últimos años, evidenciando el grave problema que el estado tiene con la libertad de expresión, un derecho también protegido por el artículo 10 de la Convención Europea.
Los derechos humanos en China
En los últimos años, varios órganos de derechos humanos, periodistas de investigación y representantes políticos han avisado de la creación de al menos 1.000 centros de detención en la zona de Xinjang de la Xina, extensamente poblada por la minoría étnica uigur, que en total suman 12 millones de personas. Según las denuncias y testimonios, China busca la represión de la etnia musulmana uigur en estos centros donde son privados de su libertad sin haber cometido ningún delito, y donde se adoctrina, apalea, esteriliza, viola, fuerza a trabajar y tortura física y psicológicamente a los internos de manera sistemática. Después de recoger las pruebas suficientes e ignorando las declaraciones oficiales de China, que alegan que sólo son "centros de reeducación", la UE ha decidido sancionar al gigante asiático, o al menos a cuatro de las personas y empresas que se benefician directamente.
China también ha estado en el orden del día en las últimas semanas por la reforma electoral impuesta en Hong Kong, que limita gravemente el estado de la democracia con el fin de oprimir las protestas contra el gobierno. Precisamente fue a causa estas medidas que el eurodiputado de ERC Jordi Solé instó a activar el nuevo mecanismo europeo de sanciones por violaciones de los derechos humanos contra la China, alertando de que el acuerdo económico de la Comisión Europea "podría perjudicar nuestra credibilidad como actor mundial de derechos humanos."
Foto principal: el Alto Representante de la UE, Josep Borrell / Efe