El primer ministro se blinda a sí mismo. La Knéset ha aprobado la ley que protege al jefe de gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, ser recusado en medio de un juicio abierto por corrupción. Después de una larga y conflictiva noche de pleno, la ley ha recibido el visto bueno definitivo a las seis de la madrugada mediante la vía acelerada para aprobarla, y ha recibido 61 votos a favor y 47 en contra. Se trata de una de las medidas más polémicas que ha tomado el gobierno de Israel, y ha provocado fuertes y largas protestas por parte de la ciudadanía y la oposición, a que acusan a Netanyahu de hacerse un escudo "a medida". Y es que el primer ministro se enfrenta a graves problemas legales con tres casos abiertos por fraude, soborno y abuso de confianza, los cuales él niega. Está imputado por pactar cobertura con un diario, además de unos regalos y unos favores a una compañía de telefonía.
¿Qué dice la ley que protege a Netanyahu?
La legislación aprobada impide explícitamente que el Tribunal Supremo pueda forzar a un primer ministro a apartarse. Gran parte de la sociedad lo ve como una medida para evitar que el alto tribunal obligue a Netanyahu a dimitir por conflicto de intereses, al ser el líder de una coalición de gobierno que promueve una drástica reforma judicial a la vez que se enfrenta a varios cargos de corrupción. De acuerdo con la nueva ley de recusación, el trámite es ahora mucho más complicado: solo una mayoría de tres cuartas partes de los votos de los ministros del gobierno, seguido de la ratificación por el mismo porcentaje de diputados (al menos 90 parlamentarios), puede forzar a un primer ministro a apartarse provisionalmente, y solo por razones de salud mental o física. La reforma busca dar todo el poder al ejecutivo para nombrar a los jueces, incluidos los del Supremo, cosa que podría tener beneficiarlo directamente a él y contradecir la separación de poderes. Además, la ley incluye una polémica "cláusula de anulación" que permitiría al Parlamento revertir decisiones del Supremo o incluso blindar leyes para que no puedan ser sometidas a la revisión de constitucionalidad.
Aun más autoritarismo
Los defensores de los cambios argumentan que están diseñados para proteger la voluntad de los votantes de la extralimitación de los tribunales, pero los críticos aducen que se eliminan las regulaciones que evitan que funcionarios y cargos públicos aprovechen su autoridad para su beneficio personal. Además, la coalición de gobierno está impulsando un segundo proyecto de ley con el fin de impedir que el tribunal revise los nombramientos ministeriales, lo cual allanará el camino para que el líder del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, vuelva al gabinete como ministro de Interior y Sanidad, después de que fuera recusado por el Supremo en enero por acumular varias condenas por corrupción y pactara con la Fiscalía abandonar la política.
Preocupación por el "agujero negro" legal
El líder de la oposición, el centrista Yair Lapid, ha cargado contra la aprobación de la ley y los miembros de la coalición de gobierno, a quien ha acusado de comportarse como "ladrones en la noche" que "aprueban una ley personalizada, obscena y corrupta a raíz de un rumor infundado sobre una posible recusación". Según un acuerdo conseguido con la Fiscalía en 2020, en pleno proceso judicial, Netanyahu no puede implicarse desde el ámbito político en la legislación que afecte a la justicia y, por lo tanto, no puede promover ni votar las leyes que conforman la reforma judicial. Informaciones sin confirmar, y posteriormente negadas por la Fiscalía, señalaron en febrero que la Fiscal General del Estado, Gali Baharav-Miara -vocal crítica de la reforma judicial- tenía la intención de ordenar la recusación del primer ministro por un conflicto de intereses entre el plan de reforma que promueve su gobierno y los casos abiertos a los tribunales. La oficina de Baharav-Miara manifestó el mes pasado que se oponía al proyecto de ley de recusación porque reduciría drásticamente las circunstancias según las cuales se podría ordenar la suspensión de un primer ministro, y advirtió que la propuesta crearía un "agujero negro" legal.