El futuro del expresidente del Perú, Pedro Castillo, se encuentra en la prisión, ya que el juez Juan Carlos Checkley ha considerado necesario dictar prisión preventiva mientras se lo investiga por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre. "Dictar prisión preventiva por un plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (...) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde el 7 de diciembre del 2022 hasta el 6 de junio del 2024", ha expuesto al juez.

De esta manera, Checkley ha aceptado la petición de la Fiscalía, que consideraba que había peligro de fuga. Un peligro fundamentado en las acciones de Castillo el mismo día 7 de diciembre, cuando poco antes de ser destituido intentó acudir a la embajada de México en Lima para pedir asilo.

Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La investigación ha estado calificada de "compleja" por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses. Actualmente, Castillo cumple se encuentra arrestado.

Aumentan a los muertos en las protestas

Aunque se ha declarado el estado de emergencia en el Perú a raíz de las protestas derivadas del golpe de Estado y su gestión. Hasta el momento, 17 personas han muerto en las manifestaciones que se han extendido por todo el país. Nueve de estas personas han muerto en las últimas horas.

Uno de los focos de las protestas ha sido la región de Ayacuccho. La administración de este territorio ha emitido un comunicado en que responsabiliza de las muertes a la nueva presidenta Dina Boluarte, los ministros de Interior, de Defensa y afirma que estos tienen que renunciar inmediatamente al cargo", y también pide la censura de la mesa directiva del Congreso de la República para poder instalar un gobierno de transición. Además, pide que se detenga inmediatamente el uso de las armas de fuego y la represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Así pues, a pesar de la declaración del estado de emergencia y el despliegue de las autoridades en la calle, las protestas continúan y muestran el malestar de muchos ciudadanos peruanos, quiénes muestran su descontento con la gestión de la crisis política y con la nueva presidenta. Muchos de los manifestantes reclaman unas elecciones. El régimen de estado de emergencia decretado por el gobierno en el ámbito nacional se prevé que dure 30 días y busca controlar las protestas.