La empresa estadounidense de Defensa L3Harris está negociando con el grupo israelí NSO Group para adquirir los derechos del controvertido software de espionaje en teléfonos móviles Pegasus, con el que se espió a como mínimo 65 líderes independentistas, según se supo cuando estalló el CatalanGate. Desde el Gobierno aún no se han dado las explicaciones por estas intromisiones, más allá de 18 que se realizaron con autorización judicial, entre ellos el president Pere Aragonès. Según publicó este martes el diario The Washington Post, la operación estaría justificada por las necesidades financieras que atraviesa NSO Group, y, en caso de que se termine cerrando, L3Harris limitaría el uso de Pegasus a Estados Unidos y sus socios occidentales.
Pese a las conversaciones en marcha, no está claro que la operación vaya a materializarse, especialmente por las reservas planteadas por el Gobierno de EE.UU., que considera que este software representa una "preocupación seria" para la seguridad y los esfuerzos de contrainteligencia estadounidenses. NSO Group se encuentra en la "lista negra" del Departamento de Comercio de EE.UU., lo que limita su capacidad para usar tecnología estadounidense, y la posible compra de Pegasus por parte de una empresa de EE.UU. no la retiraría automáticamente de esa lista.
Sin explicaciones
El caso Pegasus ha generado polémica en España desde que el instituto canadiense Citizens Lab publicase que, como mínimo, 65 políticos independentistas y personas de su entorno fueron espiados. Posteriormente, la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, reconoció que entre los líderes independentistas espiados se encuentra el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, cuando era vicepresidente, por, supuestamente, estar detrás de la organización de los CDR. Aunque el president Puigdemont no forma parte de estos 18 investigados confirmados, sí que lo son personas de su entorno. Desde el Gobierno se intentó zanjar el asunto con la destitución de Paz Esteban, aunque desde Defensa utilizaban la palabra "substitución", pero este cese ha sido visto como algo insuficiente desde Catalunya, donde se sigue insistiendo en la importancia de esclarecer todo lo sucedido y que se depuren las responsabilidades correspondientes.
Ante el escándalo que supuso estas informaciones, que desde la Moncloa llegaran a justificar después de negar que se hubiera producido el espionaje, casi en el mismo tono en que Vox exigió que se les hubiera espiado aún más, el Gobierno reconoció que también fueron espiados los teléfonos de algunos de sus miembros: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ante estas informaciones, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tendrá que declarar como testigo ante el magistrado de la Audiencia Nacional española José Luis Calama que instruye la causa.