El sindicato nacional de periodistas de Italia ha presentado una denuncia penal a los fiscales de Roma después de que el gobierno de Giorgia Meloni haya impedido que se presentaran preguntas al parlamento italiano sobre el uso ilegal de un software espía para piratear el teléfono de críticos con el Ejecutivo, incluyendo a un periodista. "Estamos ante hechos que no solo violan el Código Penal, sino la misma Constitución: la prensa es libre", ha afirmado la secretaria general de la Federación Nacional de Prensa de Italia (FNSI), Alessandra Costante, después de semanas de malestar por el escándalo de espionaje con el sistema espía israelí Graphite de Paragon, que se utilizó en los móviles de 90 personas de varios países, entre ellos siete en Italia.
A finales de enero, salió a la luz que Francesco Cancellato, periodista de investigación, se encuentra entre los al menos siete afectados por este software espía en Italia. En este contexto, el Ejecutivo de extrema derecha reconoció la semana pasada en un turno de preguntas en la Cámara de Diputados que Italia era cliente y utilizaba los servicios de Paragon, aunque se volvió a desmarcar de tener implicación en el caso y no detalló quién pudo estar detrás del espionaje. Todo esto ha despertado sospechas entre los afectados y por parte de los partidos de la oposición, que piden más información al gobierno, el cual se ha negado a comparecer en el parlamento a tratar el asunto.
"Si el gobierno no ofrece explicaciones, en este punto no podemos hacer nada más que acudir a la magistratura", ha afirmado Carlo Bartoli, el presidente del Orden de Periodistas (ODG), que también se suma a la denuncia. Por su parte, la FSNI espera "que sean los magistrados los que aclaren los detalles de un caso que podría tener dimensiones mucho más amplias de lo que ha surgido hasta ahora", ha afirmado Costante, quien ha apuntado que el sistema de espionaje podría haber sido usado contra otros periodistas, "a gran escala" y "por elementos descontrolados".
Información "clasificada"
El gobierno de Meloni se protege de las preguntas de este caso de espionaje afirmando que se trata de información clasificada. Más allá de reconocer que el Estado italiano es cliente de Paragon, se ha mantenido el hermetismo sobre este caso. El subsecretario de Presidencia, Alfredo Mantovano, explicó que el resto de información del caso está "clasificada" y no se puede revelar públicamente, y aseguró que el asunto solo puede ser discutido en profundidad en el Copasir, el organismo de supervisión parlamentaria de la actividad de los servicios de Inteligencia.